El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este martes que la superficie de cultivos de coca en Bolivia llegó a 36.400 hectáreas en 2025, un incremento del 7 por ciento respecto a las 34.000 hectáreas registradas en 2024, según el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Durante la presentación del informe, Oviedo señaló que este escenario exige fortalecer la capacidad de intervención del Estado y explicó que la Política Antidroga 2026 a 2030 plantea una respuesta integral frente a las nuevas modalidades del crimen organizado.
“Para neutralizar estas amenazas, el Estado boliviano adopta una estrategia equilibrada que combina intervención operativa, inteligencia y acción institucional”, afirmó.
El ministro explicó que la estrategia contempla fortalecer el trabajo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico mediante inteligencia financiera, investigación patrimonial, recuperación de activos y control de precursores químicos.
Por su parte, la representante de la UNODC en Bolivia, Mónica Mendoza, informó que el comportamiento de los cultivos fue diferente según la región.
En Los Yungas de La Paz se registró una reducción del 4 por ciento, de 19.230 a 18.430 hectáreas. En el Norte de La Paz hubo un incremento del 4 por ciento, de 478 a 497 hectáreas.
El mayor crecimiento se presentó en el Trópico de Cochabamba, donde la superficie cultivada aumentó un 22 por ciento, de 14.275 hectáreas en 2024 a aproximadamente 17.460 hectáreas en 2025.
“El principal incremento se registró en la zona central del Trópico de Cochabamba, donde el área cultivada subió un 22 por ciento”, explicó Mendoza.
La representante de la UNODC señaló que el informe constituye una herramienta para que el Gobierno central adopte acciones frente al incremento de los cultivos de coca.
Oviedo también sostuvo que la política antidroga incorporará acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social para reducir la demanda de drogas, con atención prioritaria a niñas, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.
El informe fue presentado con la participación de autoridades del Gobierno, representantes de la UNODC y de la Unión Europea, entidad que financia el monitoreo de cultivos de coca en Bolivia.