La construcción profundiza su deterioro tras registrar una caída de 27,3% durante el primer semestre de 2026, mientras el incremento del precio del diésel de Bs 9,80 a Bs 17,95 eleva nuevamente los costos de ejecución de las obras y genera nuevas dificultades para las empresas del sector.
La Cámara Boliviana de la Construcción y representantes departamentales sostienen que el incremento del combustible se suma al encarecimiento de materiales, las dificultades para acceder a divisas, problemas de flujo financiero y retrasos en los pagos de entidades públicas.
El presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, Jaime del Llano, señaló que el sector reconoce la decisión de retirar la subvención a los combustibles, pero considera necesario acompañarla con medidas que permitan ajustar los contratos vigentes.
“Sabemos que la medida de levantar la subvención a los combustibles era algo necesario, esto va a viabilizar las condiciones en el país. Pero también entendemos que esto debe ir coadyuvado con el apoyo del Gobierno y el reajuste de precios”, afirmó.
Las cámaras departamentales estiman que el costo de ejecutar las obras se encuentra entre 50% y 60% por encima del nivel registrado hace aproximadamente un año. Explican que muchas empresas firmaron contratos cuando el diésel tenía un precio de Bs 3,72 por litro y el tipo de cambio se encontraba en Bs 6,96.
Ante este escenario, el presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Eduardo Rodas Herrera, planteó la aprobación de un nuevo mecanismo de reajuste de precios mediante una fórmula polinómica.
“Queremos un decreto supremo de reajuste de precios, pero no una copia del que tuvimos en marzo. Queremos una variación que incluya un componente que ya es ampliamente conocido a nivel internacional, que es una fórmula polinómica utilizada por muchos países”, explicó.
Este mecanismo permitiría actualizar los contratos de acuerdo con la variación de componentes como materiales, mano de obra, maquinaria y combustible.
El sector también pide que las entidades públicas determinen los recursos disponibles para cada proyecto y, en función de la situación de cada obra, definan si corresponde aplicar un reajuste, reducir su alcance, establecer una suspensión temporal o acordar su conclusión.
A esto se suma la preocupación por las deudas acumuladas de instituciones públicas con empresas constructoras. El presidente de la Cámara de la Construcción de Cochabamba, Marcelo Zubieta, señaló que los reajustes aprobados anteriormente no necesariamente se tradujeron en pagos efectivos.
“Antes te debían 100, ahora te deben 120 y la deuda se acumula”, afirmó.
La situación ya se refleja en la ejecución de proyectos. El presidente de la Cámara de la Construcción de La Paz, Martín Zurita, señaló que, según información de sus empresas asociadas, más del 70% de ellas tienen obras paralizadas y aguardan la aplicación de reajustes de precios para continuar.
“Mientras no se haga efectivo el reajuste, van a continuar paralizadas hasta que realmente se dé una solución y se pueda continuar”, sostuvo.
Ante este escenario, el Gobierno instaló mesas técnicas con representantes de la Cámara Boliviana de la Construcción, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia para analizar mecanismos de respuesta al nuevo escenario de costos. El proceso también contará con el acompañamiento de equipos técnicos de CAF.
La negociación se desarrolla mientras el sector atraviesa una contracción que pasó de 13,6% en 2025 a 27,3% durante el primer semestre de 2026, según los datos citados en el reporte. Las empresas también reportan una reducción del empleo en el sector, de aproximadamente 519.000 a 489.000 trabajadores a nivel nacional.