El exsenador Carlos Borth analizó en “De Primera Mano” la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional para ampliar el estado de excepción y planteó qué hará el Gobierno durante los próximos tres meses.
Borth inició su análisis con una precisión sobre la votación registrada en la Asamblea. Explicó que, de los 158 asambleístas presentes en sala, 100 votaron a favor y remarcó que, técnicamente, el Legislativo autorizó la ampliación.
“Todos los medios están hablando de la aprobación de la ampliación. Técnicamente, lo que votó la Asamblea fue autorizar la ampliación”, señaló.
El exsenador explicó que su interpretación se basa en el texto constitucional y sostuvo que, una vez vencidos los 90 días, correspondía que el Ejecutivo solicitara previamente la autorización de la Asamblea.
“Si somos lectores rigurosos del texto de la Constitución, lo que debió haber pasado es que el Ejecutivo solicitaba la autorización previa, la Asamblea le daba la autorización y se emitía el decreto ampliando este plazo”, afirmó.
Sobre la votación, Borth atribuyó el resultado a la fragmentación de las principales fuerzas políticas dentro del Legislativo. Señaló que PDC, Libre y Unidad ya no funcionan como bloques homogéneos y que sus parlamentarios responden también a grupos y afinidades territoriales.
“Lo cierto es que los líderes, Tuto Quiroga, Samuel, no controlan ya toda su bancada, toman decisiones por afinidades territoriales algunas, otras por agrupaciones departamentales”, sostuvo.
A esta situación sumó el impacto que dejaron los 53 días de bloqueo de caminos y las preocupaciones de sectores productivos. “Está presente, el temor que ha dejado el bloqueo de los 53 días”, afirmó Borth, al señalar que esa experiencia quedó como una amenaza frente a posibles nuevos bloqueos.
También mencionó las necesidades de los exportadores y agroindustriales de Santa Cruz y parte del Beni, que requieren carreteras expeditas para cumplir sus obligaciones.
A partir de este escenario, Borth planteó qué consiguió el Gobierno con la ampliación y sostuvo que el principal resultado es tiempo para aplicar sus medidas.
“Entonces, el gobierno ha ganado tiempo, pero sólo eso, ha ganado tiempo para ver cómo aplicar, cómo puede introducir estas medidas, evitando un elevado nivel de conflictividad social e inmediatamente conflictividad política”, afirmó.
El exsenador resumió su lectura señalando que el Ejecutivo dispone de tres meses adicionales, pero todavía enfrenta problemas estructurales.
“En resumen, para el gobierno lo único que implica es que ha ganado tres meses más para más o menos conducir su gestión, pero no hay todavía las soluciones de fondo”, sostuvo.
Entre los principales desafíos, Borth mencionó la normalización del suministro de combustibles y el fortalecimiento de las finanzas públicas y las reservas internacionales.
“La interrogante es si en estos tres meses el gobierno podrá y debería encontrar soluciones para normalizar el suministro de combustibles, diésel, gasolina, y para fortalecer de una manera significativa las finanzas públicas y las reservas internacionales”, señaló.
Respecto a la subvención, diferenció el impacto que tendría un incremento de la gasolina frente al diésel. Explicó que una subida de la gasolina tendría un efecto directo sobre el transporte urbano e interdepartamental y posteriormente sobre los precios.
“La subida de la gasolina es diferente, tiene un impacto directo en el transporte urbano y esto se refleja inmediatamente”, afirmó.
Borth también vinculó la disponibilidad de combustibles con las reservas internacionales y los recursos del Fondo Monetario Internacional. Señaló que el Gobierno tendrá que utilizar ese financiamiento para fortalecer las reservas y mejorar su capacidad de importación.
“El gobierno tiene tres meses y cuenta ahora con este factor para estabilizar las reservas del Banco Central, que es lo que le permite importar permanente y oportunamente los combustibles”, sostuvo.
Finalmente, advirtió que una eventual elevación general de los precios de los carburantes podría generar nuevas movilizaciones. “Este hecho, si se consuma, va a generar, podría generar un nivel de conflictividad tan alto que, sin importar el estado de excepción, estalle en diferentes tipos de conflictos”, afirmó.
Por ello, Borth insistió en que la autorización de la ampliación representa principalmente un periodo adicional para que el Ejecutivo intente resolver los problemas pendientes. “La ampliación del plazo solo le ha permitido al gobierno tener tres meses más para intentar resolver o diseñar políticas que apunten a resolver estos conflictos”, concluyó.