El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, presentó el informe de su primer año de gestión y expuso los resultados de la reorganización institucional, la reducción del gasto público, las inspecciones laborales y la atención de trámites administrativos. La autoridad también anunció 11 auditorías de cumplimiento, una plataforma digital de intermediación laboral y nuevas medidas para fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores.
Durante su exposición, Bascopé señaló que al asumir la cartera encontró deficiencias operativas, procesos acumulados y debilidades institucionales. Entre las observaciones mencionó que la Unidad de Auditoría Interna tenía apenas cuatro auditorías de cumplimiento programadas en el POA durante la anterior gestión gubernamental. También identificó proyectos antiguos sin cierre institucional ni respaldo documental suficiente.
En materia económica, informó sobre observaciones relacionadas con pagos de sueldos devengados e intereses a las AFP a exservidores públicos, gastos que calificó como no justificados en pasajes y viáticos durante la pandemia del COVID-19 e irregularidades en la asignación de beneficios del Programa de Apoyo al Empleo II (PAE II).
La autoridad también señaló que la Dirección General de Servicio Civil recibió 231 hojas de ruta pendientes, además de recursos jerárquicos rezagados de las gestiones 2024 y 2025, algunos con plazos legales vencidos. En gestión sindical, indicó que la aplicación de la Resolución Ministerial 473 generó una mora superior al 50% de los trámites debido a requisitos burocráticos y exigencias documentales.
A estas dificultades sumó problemas tecnológicos y operativos, como la suspensión de la emisión e impresión de credenciales de seguridad y salud ocupacional por fallas en equipos institucionales. Sobre la plataforma OVT, reportó más de 50 consultas semanales relacionadas con errores de usuario, mientras que la plataforma Eustaquio Motoméndez presentaba falta de actualización oportuna, afectando los procesos de pago del bono mensual a personas con discapacidad.
Respecto al sector cooperativo, Bascopé informó que la ejecución física al cierre de 2025 llegó al 71,34%. También cuestionó la supresión de la anterior Dirección General de Políticas Públicas, Fomento, Protección y Promoción Cooperativa mediante el Decreto Supremo 5604, medida que, según explicó, redujo la capacidad operativa y de atención a las demandas de capacitación.
Entre los resultados de su administración, el ministro destacó la reducción aproximada del 33% de la masa salarial y del gasto corriente, como parte de la reorganización de la estructura institucional y la optimización de recursos públicos.
«Fortalecimos la fiscalización en todo el país, con 1.862 inspecciones laborales y técnicas para garantizar los derechos de los trabajadores», afirmó.
También mencionó la reglamentación y supervisión de la aplicación del salario mínimo nacional de Bs 3.300, además del impulso de tres anteproyectos de reglamento en seguridad y salud ocupacional, con revisión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el ámbito educativo y de orientación laboral, informó que 10.361 estudiantes recibieron orientación vocacional. Asimismo, señaló que 50 empresas del sector público y privado fueron reconocidas por cumplir el porcentaje de inserción laboral de personas con discapacidad.
En Servicio Civil, aseguró que se resolvió el 100% de la mora administrativa acumulada, con más de 2.000 trámites procesados. También destacó la reapertura de la Dirección de Gestión Sindical y la atención a organizaciones sociales.
Sobre el sector cooperativo, reportó la realización de 296 cursos básicos de capacitación y la elaboración de cinco propuestas normativas para fortalecer esta actividad.
En el marco del programa Tranca Cero, el Ministerio registró 56 trámites y servicios recurrentes para avanzar en su simplificación y digitalización.
Cambios en trámites sindicales y coordinación con sectores
Bascopé también destacó el trabajo coordinado con organizaciones sindicales, entre ellas los sectores fabriles, mineros y la Central Obrera Boliviana (COB). Según explicó, se establecieron canales de comunicación para atender sus demandas y avanzar en la desconcentración de procedimientos.
En ese marco, mencionó la aplicación de las resoluciones ministeriales 816/26 y 1151/26, que permiten tramitar el reconocimiento de directorios, declaratorias sin comisión, modificaciones y ampliaciones de mandato en las jefaturas departamentales del país.
La autoridad sostuvo que estas medidas buscan reducir los tiempos de atención y evitar que las organizaciones sindicales deban concentrar sus gestiones en oficinas centrales.
Anuncios y compromisos para la siguiente gestión
Entre los principales compromisos, el ministro anunció que concluirá las 11 auditorías de cumplimiento programadas y que los informes serán remitidos a la Contraloría General del Estado y a las instancias judiciales competentes cuando se identifiquen indicios de responsabilidad.
«Cuando existan indicios de responsabilidad, promover las acciones legales y la recuperación de los recursos públicos afectados», señaló al explicar la ruta prevista para el control de los recursos estatales.
En materia de empleo, anunció la implementación de una política pública de empleabilidad y una plataforma digital de intermediación laboral para conectar las ofertas de trabajo con las personas que buscan una oportunidad. También planteó impulsar acuerdos entre el Estado, el sector privado y los jóvenes para promover el empleo y el autoempleo juvenil digno y sostenible, con enfoque verde.
En seguridad y salud ocupacional, comprometió avanzar en la digitalización del 100% de los trámites del Registro Nacional de Profesionales en esa área. Asimismo, anunció el fortalecimiento de la plataforma Eustaquio Motoméndez para mejorar la precisión y eficiencia en el pago del bono mensual a personas con discapacidad.
En gestión sindical, adelantó la implementación de un nuevo reglamento para agilizar los procedimientos bajo el objetivo de Tranca Cero. Para el sector cooperativo, anunció el fortalecimiento de la Dirección General de Desarrollo de Cooperativas y la reactivación de la Secretaría Permanente del Consejo Consultivo Permanente, en cumplimiento de la Ley 356.
Finalmente, el ministro informó que, junto con la Organización Internacional del Trabajo, impulsará iniciativas para promover el trabajo digno en la economía del cuidado, entre ellas la implementación de centros infantiles para madres trabajadoras gremiales. También mencionó el trabajo con organismos internacionales para desarrollar políticas de inserción laboral dirigidas a personas migrantes.
Bascopé concluyó su informe señalando que los resultados del primer año permitieron identificar las debilidades institucionales y establecer una ruta de trabajo para fortalecer los derechos laborales, generar oportunidades de empleo y mejorar la atención a la población.
