El ataque armado contra el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el penal de Abra, Cochabamba, pone en cuestionamiento el control de los recintos penitenciarios y la seguridad interna. El abogado y defensor de Derechos Humanos, Jorge Valda, cuestionó el ingreso de un arma de fuego al centro carcelario y señaló que Régimen Penitenciario, la Policía y el ministro de Gobierno deben responder por lo ocurrido.
«¿Cómo ha ingresado una 9 milímetros al penal de Abra para atacar al exfiscal Ceballos? Eso es inadmisible desde todo punto de vista. No puede existir», manifestó Valda durante una entrevista en el programa De Primera Mano.
El abogado sostuvo que el hecho evidencia fallas en los controles penitenciarios y cuestionó que, pese a las restricciones para ingresar bebidas alcohólicas y drogas, un arma de fuego haya llegado hasta el interior del recinto. «Alguien tiene que responder. Y tiene que responder régimen penitenciario, tiene que responder la policía, tiene que responder el ministro de Gobierno», afirmó.
Valda también advirtió sobre el poder que mantienen grupos de internos dentro de las cárceles y describió esta situación como una especie de «cogobierno entre los internos y régimen penitenciario». Según explicó, existen cobros por espacios y puestos dentro de los recintos, además de mecanismos de control ejercidos por los propios reclusos.
«La mitad del crimen organizado se maneja desde las cárceles en Bolivia, desde Palmasola, desde Cantumarca, desde Chonchocoro, están los líderes y están las cabezas y dan las órdenes, dan las instrucciones, todos tienen celulares», sostuvo.
Ante esta situación, planteó que el Estado debe recuperar el control de los centros penitenciarios y comenzar por identificar a las personas privadas de libertad. Para ello, propuso realizar un censo biométrico que permita conocer la identidad de los internos y verificar la documentación de ciudadanos extranjeros.
Asimismo, pidió sancionar a los funcionarios que faciliten el ingreso de objetos prohibidos. «El primer funcionario policial que esté tratando de meter celulares, bebidas, drogas o armas, sea inmediatamente sancionado con la sanción más dura», expresó. Añadió que estos hechos no deben considerarse únicamente faltas administrativas, sino también delitos.
En otro punto de la entrevista, Valda cuestionó la presencia del crimen organizado transnacional en Bolivia y atribuyó esta situación a la ausencia de Estado y a las debilidades institucionales. Mencionó al Chapare, el norte de Potosí, Yapacaní y Cuatro Cañadas entre los territorios donde, según afirmó, existiría presencia de organizaciones criminales.
También señaló que el Gobierno debe fortalecer a la Policía y las Fuerzas Armadas con equipamiento, capacitación y mejores condiciones laborales para enfrentar a estas organizaciones. «No tienen el equipamiento, no tienen la indumentaria, no tienen la capacidad bélica de enfrentarse a este tipo de criminalidad», afirmó.
Finalmente, el abogado cuestionó las estructuras de corrupción en el Ministerio Público y planteó una renovación de fiscales y autoridades judiciales mediante procesos de selección basados en la meritocracia, la experiencia y la idoneidad.
