El abogado y exdefensor del Pueblo afirmó que el expresidente mantiene influencia política pese a no estar en el Gobierno y cuestionó la falta de independencia del Ministerio Público, al señalar que el sistema de justicia continúa respondiendo a intereses de poder.
El abogado y exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín afirmó que la reciente orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales solo tendrá resultados si las autoridades deciden ejecutarla, ya que, a su criterio, el líder cocalero continúa ejerciendo poder político aunque ya no forme parte del Gobierno.
Durante una entrevista en el programa «De Primera Mano», Albarracín sostuvo que el mandamiento de aprehensión contra Morales existe desde el año pasado y aseguró que el verdadero problema no es la emisión de nuevas órdenes, sino la falta de acciones para hacerlas cumplir.
«El señor Evo Morales no está en el Gobierno, pero está en el poder», afirmó, al señalar que el exmandatario mantiene capacidad política, económica y material para evitar que las decisiones judiciales sean ejecutadas.
En ese sentido, cuestionó que el expresidente continúe desarrollando actividades públicas pese a existir una orden de aprehensión en su contra y señaló que corresponde a la Policía y al Ministerio de Gobierno ejecutar la disposición judicial.
Albarracín también puso en duda la independencia del Ministerio Público y sostuvo que esta institución no solo debe actuar con autonomía respecto al Gobierno, sino también frente a cualquier otro factor de poder.
«La independencia tiene que ser plena. Si el Ministerio Público no le hace caso al Gobierno, pero sí a otros factores de poder, entonces ¿en qué estamos?», manifestó.
El jurista indicó que la crisis del sistema judicial responde a la falta de autoridades con independencia y solvencia ética, y advirtió que muchos operadores de justicia priorizan intereses personales antes que la aplicación de la ley.
Asimismo, señaló que existen investigaciones que reciben atención inmediata por su repercusión mediática, mientras otros casos permanecen paralizados durante meses. Como ejemplo, mencionó un caso de homicidio que, según afirmó, aún no registra avances pese a que existirían elementos para continuar con la investigación.
Albarracín también hizo referencia a la situación del Ministerio Público y afirmó que esta institución debe ser sometida a una profunda reforma para recuperar la confianza de la población.
«Hay que empezar por sanear la Fiscalía, desde la cabeza hasta el último fiscal, con profesionales idóneos y con solvencia moral», sostuvo.
Finalmente, consideró que la transformación del sistema de justicia requiere voluntad política de todos los órganos del Estado y cuestionó la falta de participación de los colegios de abogados y las facultades de Derecho en el debate sobre la crisis judicial.
«La justicia en Bolivia no existe precisamente porque quienes tienen que administrarla no reúnen las condiciones morales y éticas para esa misión», concluyó.