El abogado Abel Loma cuestionó la actuación del sistema judicial en distintos procesos y sostuvo que existen diferencias en la atención de casos relacionados con derechos fundamentales. “Tenemos una justicia absolutamente corroída por corrupción”, afirmó en “De Primera Mano” al referirse a los procesos contra el expresidente Luis Arce y el fallecido exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo.
Loma explicó que la acción de libertad permite solicitar protección cuando una persona considera que están en riesgo su vida, salud o libertad. En ese marco, señaló que la acción presentada en Santa Cruz a favor de Luis Arce permitió que el expresidente reciba atención médica fuera del penal de San Pedro.
Al referirse al caso Fondo Indígena, sostuvo que el proceso involucró a varias autoridades y dirigentes y recordó que Aramayo había denunciado irregularidades en la administración de recursos destinados a proyectos para comunidades indígenas. Según Loma, el exdirector presentó acciones de libertad para recibir atención médica durante su reclusión, pero no obtuvo una respuesta similar.
“El sistema judicial es angosto para muchos y amplio para unos pocos”, afirmó el abogado, al comparar ambos casos.
Loma también cuestionó la celeridad con la que avanzan determinadas investigaciones. Mencionó el caso Cerimedo y sostuvo que, desde su perspectiva, existen procesos que avanzan con rapidez mientras otros permanecen sin resultados durante largos periodos.
“Hay casos como el caso Cerimedo que avanzan a una celeridad enorme porque tienen un fin político, pero en el caso del Fondo Indígena nunca avanzaban esas investigaciones”, señaló.
Sobre el caso Cerimedo, además, cuestionó la difusión de información vinculada a la investigación y planteó que la Asamblea Legislativa debería convocar al fiscal general para que explique cómo se estaría produciendo la filtración de información de los teléfonos investigados.
“¿Por qué la Asamblea Legislativa no convoca al fiscal general para que informe por qué se está filtrando esta información?”, preguntó.
El abogado también cuestionó la capacidad de fiscalización de la Asamblea Legislativa y afirmó que, en un caso que conoció profesionalmente, diputados se habrían negado a realizar una petición de informe para evitar problemas con autoridades del Ministerio Público.
A su criterio, el control sobre jueces y fiscales debe fortalecerse. Señaló que el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General deberían ejercer mayores mecanismos de supervisión sobre decisiones como rechazos de procesos, sobreseimientos y resoluciones judiciales.
Loma sostuvo además que la digitalización implementada mediante el sistema Justicia Libre permitió, durante la gestión del exfiscal general Juan Lanchipa, un mayor acceso a la información de los procesos y mecanismos de supervisión sobre algunas decisiones fiscales. Consideró que actualmente existen mayores restricciones para acceder a esa información.
En otro punto, cuestionó el funcionamiento de la elección constitucional de autoridades judiciales. Afirmó que el mecanismo utilizado en Bolivia no cumplió con el objetivo de garantizar imparcialidad e idoneidad.
“La elección de autoridades judiciales en nuestro país vía constitucional ha sido un rotundo fracaso”, sostuvo.
Como alternativa, planteó fortalecer la Escuela de Jueces y Fiscales para que el ingreso a la carrera judicial y fiscal esté basado en formación, requisitos profesionales e idoneidad, en lugar de depender de coyunturas políticas o procesos de elección.
El abogado también relacionó los problemas de la justicia con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y sostuvo que las instituciones encargadas de investigar y procesar estos delitos requieren mecanismos más efectivos de control.
Finalmente, Loma consideró que la reforma de la justicia requiere cambios estructurales y una mayor exigencia de formación para quienes aspiren a ejercer como jueces y fiscales.