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Vicepresidencia cuestiona fallo sobre Domo Oso-X3 y pide proteger Tariquía ante exploración de Petrobras y YPFB

La Vicepresidencia del Estado expresó su rechazo a la decisión del Tribunal Agroambiental que permitió continuar con las actividades de exploración hidrocarburífera del proyecto Domo Oso-X3, en el área San Telmo Norte, en Tarija. Mediante un pronunciamiento difundido el 18 de noviembre, advirtió sobre los posibles efectos ambientales en el entorno de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y pidió garantizar la protección del agua, la biodiversidad y el derecho a la consulta previa.

El documento cuestiona que, aunque el Tribunal sostiene que el punto de perforación se encuentra fuera de los límites de la reserva, también haya dispuesto medidas de monitoreo sobre la calidad del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad, el ruido, las emisiones y los riesgos hidrológicos.

“Si no existiera un riesgo ambiental, ¿por qué serían necesarias todas estas medidas?”, plantea el pronunciamiento.

La Vicepresidencia también señala que el territorio está ambientalmente conectado y que las intervenciones vinculadas al proyecto, como la apertura de caminos, los trabajos topográficos y la instalación de infraestructura, podrían afectar el suelo, la vegetación y los cursos de agua.

Sin embargo, el documento aclara que no se opone a la exploración ni al aprovechamiento de los recursos naturales y reconoce la necesidad de recuperar las reservas de gas del país. En ese contexto, menciona que Domo Oso-X3 tiene un potencial estimado de entre 2 y 4 trillones de pies cúbicos (TCF), aunque ese volumen todavía debe ser confirmado mediante perforación y evaluación técnica.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la consulta previa a las comunidades. La Vicepresidencia sostiene que la participación de los pueblos indígenas no debe reducirse a una socialización posterior al avance de las actividades y pide respetar los derechos reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales.

Asimismo, invoca el Convenio de Escazú y plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por el Gobierno. El pronunciamiento también recuerda que el presidente Rodrigo Paz, durante la campaña electoral, asumió compromisos de defensa de Tariquía.

El Tribunal Agroambiental rechazó los recursos de casación que buscaban suspender el proyecto y ratificó que el área prevista para la perforación se encuentra fuera de los límites de la reserva, aproximadamente a 1,5 kilómetros de esta. No obstante, estableció medidas de seguimiento y control ambiental, entre ellas informes semestrales sobre su cumplimiento.

El pronunciamiento concluye con un llamado al Gobierno, a las autoridades ambientales, a Petrobras y a YPFB para demostrar que es posible desarrollar actividades hidrocarburíferas sin afectar el entorno natural.

“Podemos necesitar gas, pero también necesitamos agua”, señala el documento.

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