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Ley de Incentivo al Deporte plantea beneficios tributarios, inversión privada y protección laboral

El proyecto de Ley de Incentivo al Deporte propone cuatro medidas para fortalecer las distintas disciplinas deportivas en Bolivia: beneficios tributarios y aduaneros, regularización de deudas, incentivos a la inversión privada y mayor protección laboral para los deportistas profesionales.

El primer pilar establece un régimen tributario y aduanero deportivo que contempla una alícuota del 0% en el IVA, IUE, IT y RC-IVA, además de exenciones del Gravamen Arancelario y la Tasa de Verificación. También plantea la creación de una Factura Deportiva oficial para formalizar las actividades del sector.

El segundo componente propone la regularización y el saneamiento de obligaciones tributarias históricas, mediante la adhesión a la Ley N.º 1733, del 27 de mayo de 2026. La medida alcanzaría a federaciones, asociaciones, clubes, deportistas profesionales, aficionados, paradeportistas y otras entidades vinculadas al deporte.

Como tercer pilar, la iniciativa incorpora una Ley de Mecenazgo Deportivo, orientada a incentivar la inversión privada mediante beneficios tributarios para las empresas que patrocinen actividades deportivas, a través de deducciones del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

El cuarto punto plantea reconocer al deportista profesional como trabajador especial, con un régimen laboral adaptado a las características de la actividad deportiva, con el propósito de brindarle mayor protección y seguridad jurídica.

La propuesta no está dirigida exclusivamente al deporte profesional, sino que contempla a distintas disciplinas, instituciones deportivas, deportistas aficionados y paradeportistas del país.

Sin embargo, el proyecto también enfrenta cuestionamientos de los asambleístas suplentes Mario Reynoso, Nicole Rocha y María Alcon, además del representante de Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL), David Paniagua. Entre las observaciones difundidas por sus detractores están los posibles riesgos de que la iniciativa facilite el lavado de dinero o promueva las apuestas ilegales.

Los impulsores del proyecto rechazan esos cuestionamientos y sostienen que la propuesta busca generar mejores condiciones para el desarrollo deportivo y evitar que las observaciones perjudiquen a miles de deportistas y a las diferentes disciplinas del país.

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