El analista en temas energéticos y petroleros Jaime Balanza Márquez sostuvo que las obligaciones económicas derivadas de las inversiones cuestionadas en empresas subsidiarias de ENDE no deben trasladarse a las facturas de electricidad, sino ser asumidas por los responsables de los proyectos y por quienes autorizaron los créditos.
Durante una entrevista en el programa «De Primera Mano», Balanza se refirió a la denuncia presentada por el Gobierno contra 23 exautoridades y exfuncionarios, relacionada con proyectos termoeléctricos financiados mediante créditos del Banco Central de Bolivia. Según los datos expuestos durante la entrevista, el caso involucra un presunto daño económico de Bs 9.614 millones, de los cuales Bs 8.307 millones permanecerían impagos.
El experto cuestionó la planificación de estas inversiones y señaló que Bolivia cuenta con una capacidad instalada de generación eléctrica de 3.800 megavatios, frente a una demanda máxima de 1.600 megavatios. A su criterio, esta diferencia evidencia que los proyectos se habrían ejecutado sin estudios adecuados de mercado y de factibilidad técnica.
Como ejemplo, mencionó la central termoeléctrica del sur, ubicada en Tarija, que tiene una capacidad instalada de 480 megavatios, pero que, según sus datos, evacúa 240 megavatios entre el mercado argentino y el Sistema Interconectado Nacional. También afirmó que existen limitaciones de gas y de líneas de transmisión para aprovechar la capacidad restante.
Balanza advirtió que, debido a que las empresas generadoras obtienen sus ingresos de la venta de energía, existe el riesgo de que las obligaciones financieras terminen repercutiendo en las tarifas que pagan los usuarios. Por ello, pidió que las inversiones cuestionadas no sean incorporadas en los cálculos tarifarios.
«Y es el gobierno y no los usuarios quienes tienen que asumir esa deuda», afirmó. Añadió que corresponde al Estado buscar mecanismos de recuperación de los recursos y evitar que esas obligaciones sean trasladadas a los consumidores domésticos, comerciales e industriales.
Finalmente, cuestionó el funcionamiento del sistema regulatorio y sostuvo que la Agencia de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) debe priorizar la protección de los usuarios y fiscalizar a los operadores del sector. Aclaró que las tarifas deben cubrir los costos necesarios para garantizar la continuidad del servicio, pero no incrementarse para cubrir inversiones que considera injustificadas.