La salida del país de Romer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no representa el cierre de las investigaciones sobre una presunta red de protección al narcotráfico. Así lo sostuvo el abogado y analista de seguridad Abel Loma, quien advirtió que las pesquisas deben alcanzar a otros posibles involucrados dentro de la Policía, el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
Durante una entrevista en el programa «De Primera Mano», Loma afirmó que la situación de Saucedo era una posibilidad que había advertido meses atrás y sostuvo que el narcotráfico habría extendido sus vínculos a distintas instituciones, incluidos algunos medios de comunicación.
Respecto a la situación del exmagistrado, señaló que la comisión de fiscales que investiga el caso Roger Mariaca había emitido un mandamiento de aprehensión el martes y que, según su interpretación, existían elementos para sustentar también una imputación. En ese contexto, cuestionó que la información sobre la orden se hubiera filtrado antes de que pudiera ejecutarse.
«Lo raro, es que se pueda filtrar esta información de la propia comisión de fiscales. Lo que refleja que aún ese círculo de poder del señor Mariaca sigue operando dentro de la Fiscalía General del Estado», manifestó.
Loma calificó la salida de Saucedo como una fuga y no como un exilio. Además, planteó que su salida del país habría sido consensuada con el Gobierno para evitar un mayor desgaste político. Según su análisis, existía el riesgo de que una eventual aprehensión de quien presidía el TSJ fuera interpretada como una persecución contra autoridades judiciales. No obstante, esta versión fue presentada como una interpretación del entrevistado y no como un acuerdo confirmado oficialmente.
En otro momento, el abogado expuso su hipótesis sobre presuntas intenciones políticas atribuidas a Saucedo y Mariaca, señalando que ambos habrían tenido planes para desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz y propiciar un cambio en la conducción del país. Estas afirmaciones fueron planteadas por Loma durante la entrevista y no constituyen hechos acreditados en la conversación.
Por otra parte, cuestionó el trabajo de la comisión de fiscales y advirtió que la investigación debe desarrollarse con independencia, sin responder a intereses políticos. Consideró que el fiscal general del Estado, Martín Urioste, tiene la responsabilidad de garantizar la institucionalidad del Ministerio Público y evitar que la persecución penal sea utilizada contra detractores del Gobierno.
«Cuando la política se introduce en lo jurídico, la ley o bibliotecas enteras pueden irse al diablo de derecho», expresó.
El analista insistió en que las investigaciones deben establecer responsabilidades más allá de Saucedo y Mariaca, incluyendo a los posibles operadores que habrían permanecido dentro de las instituciones. También mencionó la necesidad de esclarecer las denuncias sobre presuntos pagos a medios de comunicación para instalar una narrativa contraria al Gobierno.
«No termina esto con la huida del doctor Romer Saucedo. No termina aquí. Yo creo que es más bien el inicio», remarcó.
Sobre la situación del fiscal departamental interino, Gabriel Quiroga, quien manifestó que renunciaría si recibiera presiones políticas o económicas, Loma consideró que su declaración representa una señal de voluntad de cambio dentro de la Fiscalía. Sin embargo, sostuvo que esa posición debe traducirse en acciones concretas.
Finalmente, afirmó que el caso representa una oportunidad para recomponer la justicia boliviana y recuperar la confianza ciudadana. En ese sentido, pidió que la comisión de fiscales actúe con transparencia, objetividad y celeridad, y que las investigaciones permitan identificar a todos los posibles responsables, sin limitarse a las figuras que ya están bajo cuestionamiento.