El diputado Carlos Alarcón consideró que las acusaciones formuladas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra el Gobierno son de «muy grueso calibre» y deben ser investigadas por la Asamblea Legislativa. También pidió al Órgano Ejecutivo emitir una explicación oficial y al pleno del TSJ aclarar si comparte o se distancia de las denuncias realizadas por su presidente, quien anunció su salida del país por considerar que su vida y la de su familia corren peligro.
En entrevista con el programa De Primera Mano, Alarcón señaló que las declaraciones de Saucedo incluyen acusaciones sobre presuntas conspiraciones para eliminar a funcionarios judiciales mediante sicarios, intentos de tomar el control del Órgano Judicial y supuestos planes para montar pruebas y procesos penales en su contra y contra otras autoridades.
«Lo primero amerita una respuesta y una explicación y una aclaración inmediata del Gobierno. Tendrá que dar una explicación oficial el Gobierno sobre estas gravísimas acusaciones», manifestó el diputado.
Alarcón sostuvo que la Asamblea Legislativa debe realizar una investigación y evaluación a fondo de las denuncias. Asimismo, consideró necesario que Saucedo presente indicios y elementos de convicción más específicos sobre los hechos y las autoridades a las que hace referencia.
«Yo espero, como usted señala, que en su próxima comunicación Romer Saucedo dé indicios de prueba de convicción que sean más contundentes y más específicos», afirmó.
Sobre la situación institucional del TSJ, el legislador señaló que no puede ejercerse la Presidencia del Tribunal a distancia o desde el exterior y consideró que la convocatoria de emergencia realizada por la decana debe definir quién asumirá esas funciones durante la ausencia de Saucedo.
Sin embargo, remarcó que también es necesario conocer la posición del pleno del Tribunal Supremo de Justicia frente a las declaraciones del magistrado. «Es muy importante que el pleno del Tribunal Supremo se pronuncie por si avala o no avala, reconoce o no reconoce estas denuncias», indicó.
El diputado también cuestionó que el Gobierno de Rodrigo Paz haya postergado la reforma parcial de la Constitución que, a su criterio, permitiría una transformación integral del sistema judicial. Afirmó que la propuesta debe priorizar la independencia de jueces y fiscales respecto de los gobiernos de turno.
Alarcón atribuyó al Movimiento Al Socialismo (MAS) la subordinación del sistema judicial durante sus años de gobierno y advirtió que la actual administración no debe repetir esas prácticas. «Este Gobierno puede ser parte del mismo esquema de que según quien esté en el poder tenga que tomar el control total de la justicia para que esos fallos y decisiones respondan a los intereses del político de turno», sostuvo.
En relación con las declaraciones del vicepresidente Edmand Lara sobre la necesidad de una reforma profunda de la justicia y la Policía, Alarcón cuestionó su credibilidad y recordó que, según dijo, inicialmente defendió al exfiscal general Roger Mariaca. También acusó a este último de haber utilizado parte de la estructura del Ministerio Público al servicio del narcotráfico y la delincuencia, afirmaciones que corresponden a su posición política.
El legislador advirtió además sobre la presunta penetración de organizaciones criminales en instituciones como la Fiscalía, el Órgano Judicial y la Policía. En ese contexto, mencionó los ajustes de cuentas y asesinatos por encargo como expresiones de la inseguridad que, a su juicio, enfrenta el país.
Respecto a la reforma constitucional, explicó que presentó una propuesta que identifica 17 disposiciones vinculadas al modelo económico y 13 al modelo judicial, con el objetivo de modificar sus contenidos mediante leyes orgánicas. Añadió que plantea incorporar garantías para las inversiones nacionales y extranjeras, con restricciones a futuras nacionalizaciones, reversiones y estatizaciones.
Alarcón señaló que la reforma podría ser sometida a referéndum hasta mediados del próximo año, si se agiliza su tratamiento y se alcanzan los consensos necesarios en la Asamblea Legislativa. No obstante, cuestionó la conformación de la directiva de la Cámara de Diputados encabezada por Roberto Castro, a la que calificó de «apócrifa, ilegal e ilegítima», y pidió convocar a una sesión de emergencia para realizar una elección mediante votación de los diputados, conforme al artículo 33 del reglamento camaral.
Finalmente, insistió en que las denuncias de Saucedo deben ser esclarecidas por las instancias correspondientes y que el Gobierno debe explicar su posición ante la población boliviana.