El analista político Marco Fuentes señaló que el Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial inicial de Bs 18 por litro de diésel para clientes directos y grandes consumidores, busca reducir la carga fiscal que representa la subvención a los carburantes. Sin embargo, cuestionó la forma en la que el Gobierno aplicó la medida y advirtió sobre sus posibles efectos en la economía.
Fuentes sostuvo que uno de los principales problemas fue la falta de socialización del decreto antes de su emisión. A su criterio, las posteriores declaraciones de autoridades sobre posibles modificaciones o una eventual abrogación muestran que dentro del propio gabinete existen diferencias respecto a la medida.
“Pareciera que en el gabinete ministerial no todos están de acuerdo, algo está fallando”, afirmó.
El analista también recordó otros decretos relacionados con la importación y comercialización de combustibles por parte del sector privado. Mencionó el Decreto Supremo 5517, que permite la participación privada en la cadena de suministro, y el Decreto Supremo 5644, referido a la importación y comercio de carburantes, cuestionando si estas disposiciones realmente llegaron a aplicarse.
A esto sumó la situación financiera del país y la falta de dólares para cubrir la demanda interna. Según explicó, el ministro de Hidrocarburos reconoció durante una interpelación que existiría una deuda cercana a los mil millones de dólares con empresas proveedoras de carburantes como Vitol y Trafigura.
En ese contexto, Fuentes consideró que el incremento del precio del diésel para los grandes consumidores puede terminar trasladándose al consumidor final.
“Más que el perjuicio, sin duda alguna, lo carga la población”, señaló.
Explicó que sectores como los productores avícolas, lecheros, ganaderos, arroceros, agricultores, transportistas y otros dependen del combustible para desarrollar sus actividades. Un mayor costo del diésel, dijo, puede elevar los costos de producción y transporte y finalmente repercutir en los precios de la canasta familiar.
Otro punto de preocupación es la existencia de dos precios para el diésel. El analista sostuvo que esta diferencia puede generar una distorsión en el mercado y abrir nuevamente espacios para el microtráfico y el contrabando de combustible hacia países vecinos.
También cuestionó la capacidad del Estado para controlar el desvío de carburantes hacia actividades ilegales, como el contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal.
Fuentes consideró que el sinceramiento del precio de los combustibles puede ser una medida que eventualmente tendrá que asumir el país, pero remarcó que el Gobierno debería acompañarla con políticas que permitan reducir el impacto sobre la población.
“El problema es que el gobierno no le ha dado una respuesta al país para decir: perfecto, subimos el precio del combustible, esto va a hacer que los productos se encarezcan, pero a cambio le damos políticas de beneficios para la sociedad, economía, atracción de inversión, mayor trabajo”, explicó.
Sobre las consecuencias de mantener el Decreto Supremo 5676, advirtió que podrían surgir nuevas movilizaciones de sectores afectados, particularmente del transporte y del sector productivo.
A su juicio, aunque el Gobierno decida modificar o abrogar la norma, el problema del abastecimiento de carburantes continuará si no existe la capacidad económica y logística para garantizar el suministro.
“El gobierno que no resuelve es que la gente se va molestando y los ánimos se están empezando a caldear”, afirmó.
Finalmente, Fuentes insistió en la necesidad de que el Gobierno abra espacios de diálogo con los sectores productivos para analizar los alcances del decreto y definir los ajustes necesarios frente a la crisis de combustibles.