El ampliado nacional de Evo Pueblo, realizado en Lauca Ñ, amplió su plataforma de demandas más allá del rechazo al Decreto Supremo 5716 y fijó el 3 de octubre como plazo para que el Gobierno atienda sus principales pedidos. En caso de no recibir una respuesta, las resoluciones plantean iniciar movilizaciones desde el 13 de octubre.
Entre las determinaciones también figura el rechazo al Decreto Supremo 5727, relacionado con procesos de reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas. Evo Morales vinculó ambas normas con sus cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno de Rodrigo Paz y advirtió que, si no se abrogan determinadas disposiciones, se impulsarán medidas de presión.
La agenda aprobada plantea además la restitución de los ministerios de Planificación y de Energías, como parte de una propuesta de modificación de la estructura gubernamental vinculada a la conducción de la política económica y energética.
Otro de los puntos está relacionado con la política exterior y de seguridad. Las resoluciones expresan rechazo a la relación del Gobierno con Estados Unidos, el Comando Sur y el Fondo Monetario Internacional. También cuestionan la participación de las Fuerzas Armadas en iniciativas vinculadas al denominado “Escudo de las Américas” y en tareas que, según Evo Pueblo, podrían derivar en acciones contra la población.
El ampliado incluyó además una posición sobre una eventual reforma de la Constitución Política del Estado. El sector plantea que cualquier modificación constitucional debe realizarse mediante una Asamblea Constituyente y posteriormente ser sometida a referéndum.
Asimismo, las resoluciones rechazan candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de personas con doble nacionalidad.
Como parte de su cronograma, Evo Pueblo convocó a una cumbre de sectores en Lauca Ñ para el 3 de octubre, fecha establecida como límite para que el Gobierno responda a sus principales demandas. Si no existe una respuesta, el sector plantea iniciar movilizaciones desde el 13 de octubre, además de posibles marchas y concentraciones departamentales.
Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, cuestionó las determinaciones asumidas en Lauca Ñ y sostuvo que Morales debe cumplir con las disposiciones de la justicia.
La plataforma aprobada mantiene como uno de sus ejes el rechazo al actual esquema de subvención al diésel, pero incorpora además demandas sobre empresas públicas, política energética, relaciones internacionales, participación de las Fuerzas Armadas y una eventual reforma constitucional.