El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que siete gobernaciones participaron en las mesas técnicas y anunció una hoja de ruta con cuatro pilares para la implementación del modelo 50/50. El proceso contempla eliminar condicionamientos del gasto, revisar criterios de distribución, reprogramar deudas y modificar normas que limitan la autonomía regional.
El Gobierno informó los primeros resultados de las mesas de diálogo de la agenda 50/50, un proceso de concertación con las gobernaciones que busca redefinir la distribución de recursos y fortalecer la autonomía de las regiones.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, explicó que durante la jornada se desarrollaron reuniones técnicas con siete gobernaciones para establecer una ruta crítica hacia la implementación del modelo 50/50, con la participación del Viceministerio de Autonomía y equipos técnicos del área económica.
«Ha sido una reunión muy productiva», señaló la autoridad, al informar que el documento final se encuentra en etapa de ajuste y que será puesto a consideración de los nueve gobernadores y el presidente Rodrigo Paz en una reunión prevista para los próximos días.
Espinoza explicó que uno de los primeros consensos alcanzados está relacionado con la eliminación de las condicionantes de gasto que, según afirmó, obligaban a las gobernaciones a destinar recursos propios a determinados pagos definidos desde el nivel central.
«Esto evidentemente es un acto violatorio de la autonomía», sostuvo el ministro, al señalar que el Gobierno trabaja en propuestas normativas para eliminar progresivamente estas restricciones.
Otro de los puntos abordados corresponde a los criterios para la distribución de futuros ingresos. La autoridad indicó que actualmente el principal criterio es la cantidad de población, pero planteó incorporar nuevos elementos como la eficiencia administrativa, el esfuerzo fiscal, la capacidad de recaudación y las necesidades de cada región.
«No solamente población, sino por ejemplo criterios de eficiencia, de justicia distributiva y de esfuerzo fiscal», afirmó.
El tercer eje está relacionado con el endeudamiento de los gobiernos subnacionales. Espinoza señaló que muchas gobernaciones y municipios atraviesan problemas financieros debido a obligaciones acumuladas que afectan su capacidad de gestión.
«El servicio de deuda se come prácticamente todos sus ingresos», explicó, al anunciar la necesidad de implementar mecanismos de reprogramación y refinanciamiento que permitan recuperar liquidez.
En ese sentido, recordó que el Gobierno ya incluyó en el Presupuesto General del Estado un programa de adecuación financiera, al cual las gobernaciones podrán adherirse de manera voluntaria para reordenar sus deudas con entidades financieras y del Estado.
El cuarto punto de consenso está vinculado a la revisión de la normativa vigente que, según el Gobierno, limitó el desarrollo de las autonomías departamentales y municipales.
Espinoza cuestionó que durante los últimos años se haya construido una estructura normativa que restringió las capacidades de gestión de las regiones.
«Hay que revisar y desmontar la arquitectura legal y normativa que definitivamente ha profundizado el centralismo», manifestó.
El ministro aclaró que la agenda 50/50 no será una medida inmediata ni una sola norma, sino un proceso progresivo que requerirá cambios legales, modificaciones de decretos y acuerdos con los distintos niveles de gobierno.
«El 50-50 no es un hecho de una norma o una decisión política que se pueda dar de la noche a la mañana», afirmó.
Por su parte, el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva Alcázar, destacó que el objetivo es que esta agenda trascienda una gestión de Gobierno y permita construir acuerdos de largo plazo.
«El propósito de todo este esfuerzo de la agenda 50-50 es que trascienda una gestión de gobierno», indicó.
Oliva anunció que, además de las reuniones con gobernadores, se desarrollarán encuentros con gobiernos municipales y autonomías indígenas originarias para incorporar sus propuestas al proceso.
Respecto al planteamiento de las gobernaciones sobre la coparticipación tributaria, el ministro Espinoza señaló que existe apertura para discutir tanto mecanismos de coparticipación como el dominio de determinados impuestos.
«El espacio para discutir los dominios tributarios y la coparticipación está abierto», afirmó, aunque remarcó que cada departamento tiene diferentes capacidades económicas y productivas.
La autoridad explicó que el modelo deberá adaptarse a las características de cada región y que, tras la validación de la hoja de ruta, se definirán los mecanismos sobre qué tributos podrían pasar a administración departamental y cómo funcionaría una nueva distribución de recursos.
Finalmente, Espinoza resumió que la agenda 50/50 se concentrará en cuatro áreas principales: eliminar condicionamientos del gasto, establecer nuevos criterios de distribución de recursos, aplicar mecanismos de alivio financiero para las entidades subnacionales y revisar las normas que limitaron la autonomía.
«Este proceso tiene que tener un orden para que no generemos, contrariamente a lo que se busca, mayores restricciones a los gobiernos», concluyó.