La senadora María Elena Pachacute cuestionó el Decreto Supremo 5647 al considerar que permite incrementos mensuales en las tarifas de electricidad. El Gobierno sostiene que la norma busca preservar la estabilidad del servicio.
La bancada de la Alianza Libre presentó este martes un proyecto de ley para abrogar el Decreto Supremo 5647, norma que modifica el mecanismo de ajuste de las tarifas de distribución de energía eléctrica al cambiar la revisión de semestral a mensual y elevar el límite de variación del 3% al 5%.
La iniciativa fue presentada por la senadora María Elena Pachacute, quien afirmó que el decreto abre la posibilidad de incrementos mensuales en las tarifas de electricidad y contempla factores vinculados al tipo de cambio, aspecto que el Gobierno rechazó.
“Estamos presentando un proyecto de ley de abrogación de este decretazo que incrementa el tema de las tarifas de luz de manera mensual en un 5%. Esto incluso apegado al tipo de cambio que se va a tener”, sostuvo la legisladora.
El Decreto Supremo 5647, publicado el 29 de junio, modifica el Decreto Supremo 27302, vigente desde 2003, que establecía medidas para estabilizar las tarifas eléctricas. La nueva disposición fija que la variación mensual del valor promedio de las tarifas de distribución no podrá superar el 5%, en lugar de la revisión semestral con un límite del 3%.
Asimismo, incorpora la posibilidad de aprobar factores de estabilización de manera excepcional cuando existan variaciones provocadas por el precio del gas natural para generación eléctrica, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el tipo de cambio oficial del dólar.
Desde el Gobierno, el viceministro de Energías, Ruddy Peredo, aseguró que la norma «blinda» la estabilidad de las tarifas y únicamente establece límites máximos para eventuales ajustes.
Sin embargo, Pachacute sostuvo que la disposición traslada a los usuarios el impacto de la crisis económica.
“¿Qué hace el Estado y qué hacen las empresas estatales o las empresas eléctricas en este caso que con este decreto simplemente le quieren echar la carga al usuario final? Y la Constitución establece claramente que los servicios básicos son derechos fundamentales del pueblo boliviano y con este tipo de normativas realmente son atentatorias”, afirmó.