El abogado Eduardo León consideró que la amenaza de un paro escalonado en el Órgano Judicial no resolverá la crisis de la administración de justicia y advirtió que el sistema requiere una transformación estructural, con independencia real, lucha contra la corrupción y una profunda renovación de jueces, antes que únicamente un incremento presupuestario.
El abogado Eduardo León cuestionó el anuncio realizado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, sobre una posible paralización de actividades del sistema judicial, al considerar que la medida perjudicaría a la población y no cuenta con respaldo ciudadano debido al deterioro de la imagen de la justicia.
«La ciudadanía ya no quiere saber nada de paros, bloqueos ni nada, está hastiada«, afirmó León, al señalar que la población tampoco respaldará una demanda de mayores recursos económicos mientras no exista una transformación de fondo en el Órgano Judicial.
El jurista reconoció que históricamente el sistema judicial ha reclamado un mayor presupuesto; sin embargo, sostuvo que esa demanda debe estar acompañada de cambios estructurales. «Tiene que haber una solicitud de cambio de la justicia estructural, que esté acompañada de mayores recursos, de moralidad, de no corrupción y de un efectivo control sobre el trabajo de los jueces», manifestó.
Respecto a las declaraciones de Romer Saucedo, quien aseguró que ya no existen «telefonazos» ni injerencia política en la justicia, León afirmó que esa percepción no coincide con la realidad.
«La justicia está prostituida por el poder político«, sostuvo, al señalar que distintos gobiernos utilizaron jueces y fiscales para favorecer intereses políticos, situación que —dijo— terminó desacreditando completamente al sistema judicial.
Durante la entrevista también hizo referencia a los recientes bloqueos de carreteras y aseguró que esos hechos evidenciaron nuevamente la utilización política de la justicia. Según explicó, inicialmente se emitieron mandamientos de aprehensión contra dirigentes vinculados a las movilizaciones, pero posteriormente esos procesos fueron parte de las negociaciones impulsadas entre el Gobierno y sectores movilizados.
«La ley no se negocia«, remarcó León, al cuestionar que los procesos judiciales puedan convertirse en herramientas de presión política.
Asimismo, sostuvo que los políticos «han convertido la justicia en una herramienta para sus propios beneficios» y afirmó que esa práctica ha terminado trasladándose al resto de la sociedad, generando una pérdida casi total de confianza en el sistema judicial.
En otro momento de la entrevista, León aseguró que el Estado mantiene un doble discurso en la aplicación de la ley y volvió a referirse al expresidente Evo Morales, contra quien existen procesos judiciales.
«Mientras Evo Morales esté libre, no nos hablen de justicia«, declaró, al sostener que el Estado no puede hablar de independencia judicial mientras, a su criterio, no ejecuta las órdenes judiciales existentes.
Sobre la propuesta del Consejo de la Magistratura para apartar a jueces investigados por presunto prevaricato, León afirmó que una nueva normativa no resolverá el problema, ya que las disposiciones no pueden aplicarse retroactivamente.
Además, recordó las denuncias de presuntas designaciones irregulares de jueces durante la gestión del exconsejero Marvin Molina, del exdirector administrativo Michel y de Dolka Gómez, señalando que aún existen autoridades judiciales que, según afirmó, ingresaron al sistema mediante actos de corrupción.
Finalmente, planteó la necesidad de una transformación profunda del sistema judicial.
«Lo que tienen que hacer es declarar un estado de transición a la justicia, despedir a todos los jueces que sean necesarios y generar un proceso nuevamente que pueda generar una credibilidad mínima hacia el ciudadano«, concluyó León.