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Gobierno condena declaraciones de Evo Morales contra un jefe militar y advierte riesgo para su integridad

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, rechazó las declaraciones del expresidente Evo Morales contra el comandante de la Séptima División del Ejército, Henry Peña, y afirmó que identificar públicamente a un militar y hacer referencia a su domicilio expone tanto al oficial como a su familia a situaciones de hostigamiento.

«La parte más grave de estas declaraciones no son los insultos al Gobierno, sino identificar a un oficial de las Fuerzas Armadas, generando hostigamiento y temor a su familia», señaló la autoridad.

Justiniano sostuvo que las Fuerzas Armadas cumplen un mandato constitucional durante el estado de excepción y que su misión es preservar el orden público y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, indicó que, si Morales considera que existieron irregularidades en el accionar militar, debe presentar las denuncias y pruebas ante las instancias competentes. «Si el señor Morales tiene denuncias o pruebas de que algo malo ha sucedido, que las presente. Pero no puede estar señalando a personas que están cumpliendo un rol y haciendo su trabajo», afirmó.

El ministro también defendió el despliegue de efectivos militares en aeropuertos, terminales terrestres y carreteras, al señalar que estas operaciones forman parte de las disposiciones establecidas durante el estado de excepción. «Nuestro deber como Poder Ejecutivo es cuidar a aquellos que están cuidando a los bolivianos», remarcó.

La reacción del Gobierno se produjo después de que Morales cuestionara al comandante Henry Peña, quien informó que las Fuerzas Armadas cuentan con autorización legal para emplear armamento letal cuando enfrenten agresiones de la misma magnitud durante los operativos conjuntos con la Policía.

Tras esas declaraciones, el exmandatario calificó al jefe militar como «enemigo del pueblo» y pidió a sus seguidores identificar dónde se encuentra y dónde vive. Además, lo responsabilizó por cualquier fallecimiento que pudiera registrarse durante la vigencia del estado de excepción.

El estado de excepción fue decretado por el Gobierno para restablecer el orden y levantar los bloqueos impulsados por sectores afines al evismo, que durante más de 50 días afectaron principalmente al departamento de La Paz. Según la información difundida, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba y enfrenta una orden de aprehensión dentro de un proceso por trata y tráfico de personas. Vía// Brújula Digital

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