El exdefensor del Pueblo y expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Waldo Albarracín, afirmó que el país necesita instituciones independientes y propuso prohibir por ley los aportes sindicales obligatorios, al considerar que vulneran la libertad de asociación. Además, cuestionó la utilización política de los derechos humanos y atribuyó al MAS la creación de estructuras paralelas afines a sus intereses.
En una entrevista con el programa De Primera Mano, Waldo Albarracín sostuvo que uno de los desafíos pendientes es recuperar la independencia de las instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y frenar prácticas que, a su juicio, se consolidaron durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El exdefensor cuestionó la existencia de organizaciones paralelas de derechos humanos impulsadas por el anterior oficialismo y aseguró que estas terminaron respondiendo a intereses partidarios. “Al MAS no le interesaba fortalecer organismos independientes, sino restarles méritos y efectividad”, afirmó.
Albarracín también criticó que sectores vinculados a estas estructuras hayan respaldado los bloqueos y señaló que el discurso de los derechos humanos fue utilizado con fines políticos. “Se aprovechan del tema de los derechos humanos para preservar un interés político”, sostuvo.
Respecto a la organización sindical, planteó que el Estado debe ejercer una regulación más estricta para evitar imposiciones sobre los afiliados. En ese sentido, propuso que la Asamblea Legislativa apruebe una norma que prohíba los aportes económicos obligatorios a sindicatos.
“Hoy en Bolivia muchos trabajadores tienen descuentos de su sueldo para financiar organizaciones sindicales y nadie rinde cuentas. Tiene que haber un aporte voluntario porque el derecho de asociación es un derecho, no una obligación”, manifestó.
Asimismo, cuestionó las sanciones que algunas organizaciones aplican a quienes no acatan medidas de presión o no participan en movilizaciones. “No se puede multar, atropellar o sancionar a quien no estuvo en una asamblea. Los conceptos de obligatoriedad y de derecho son antagónicos”, indicó.
Albarracín señaló que la participación en sindicatos y protestas debe responder a una decisión individual y no a mecanismos coercitivos. “Quien quiera participar de una movilización debe hacerlo por su propia voluntad”, remarcó.
En esa línea, sostuvo que el ejercicio de las demandas sociales no puede traducirse en la vulneración de derechos de terceros. “Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro”, afirmó, al señalar que los bloqueos registrados durante más de 50 días provocaron afectaciones a millones de ciudadanos.
Finalmente, insistió en la necesidad de reconstruir instituciones independientes y despolitizadas. “El requisito indispensable para una labor efectiva de defensa de los derechos humanos es la independencia política, es no responder ni al oficialismo ni a la oposición”, concluyó.