El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua informó sobre tres casos de presuntas irregularidades identificadas en entidades bajo su dependencia, que derivaron en aprehensiones, destituciones e investigaciones internas, en el marco de una política de control y transparencia impulsada por el Gobierno.
El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua reportó este jueves la detección de presuntas irregularidades en la Empresa Pública Productiva CARTONBOL, la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) y el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP), hechos que derivaron en acciones administrativas y judiciales.
El primer caso se registró en la planta de CARTONBOL, en Oruro, donde un ciudadano identificado como Wilson Coca Huayta habría solicitado de manera irregular Bs 2.000, argumentando que el dinero serviría para «pacificar» a bloqueadores y comunarios de la zona.
Según el informe oficial, el sujeto aseguró actuar en representación de un diputado nacional y afirmó contar con el respaldo de autoridades y de la gerencia técnica de la empresa. Tras verificar que dichas afirmaciones eran falsas, la empresa activó sus protocolos de seguridad y, con apoyo policial, logró su aprehensión. Actualmente enfrenta un proceso por el presunto delito de concusión.
En un segundo caso, el Observatorio Agroambiental y Productivo identificó que siete funcionarios realizaban aportes equivalentes al 30% de sus salarios a favor de un dirigente de una organización social de la comunidad Chichas, bajo el argumento de que este había gestionado su incorporación a la institución.
Tras evidenciarse la situación, los siete servidores públicos fueron destituidos por incurrir en faltas consideradas gravísimas y por contravenir la normativa que regula la función pública.
Al respecto, el ministro afirmó que en esa cartera de Estado no se tolerarán este tipo de prácticas. “En este ministerio nunca se ha pedido ni se va a pedir absolutamente a nadie aportes ni para partidos, ni por algo ni para absolutamente nada. Porque acá el respeto es al trabajo y al trabajador”, sostuvo.
El tercer hecho involucra a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), donde se detectaron presuntas irregularidades en la adquisición de bobinas para leche destinadas a plantas procesadoras de Achacachi, San Andrés y Challapata.
De acuerdo con el informe, personal de la empresa habría omitido procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 181 para favorecer a un único proveedor mediante cinco Fondos en Avance por un monto total de Bs 1.225.100.
Ante estas observaciones, fueron destituidos el gerente ejecutivo de EBA, responsables de las áreas Financiera, de Producción y Legal, además de jefes de unidad y técnicos involucrados en la operación. Asimismo, fue posesionada Mónica Roca como nueva gerente ejecutiva de la empresa estatal.
El caso permanece bajo auditoría e investigación interna para determinar responsabilidades.
“No se puede estafar al pueblo boliviano. Nadie va a lucrar acá un peso tratando de generar actos de corrupción”, afirmó el ministro Justiniano.
La autoridad aseguró que la instrucción del Gobierno es aplicar una política de “cero tolerancia” frente a cualquier cobro irregular, incumplimiento de normas de contratación o manejo indebido de recursos públicos.