La Gobernación de La Paz declaró emergencia sanitaria y humanitaria departamental por 90 días debido a los efectos de los bloqueos sobre el sistema de salud, el abastecimiento y la acumulación de residuos sólidos en las ciudades de La Paz y El Alto, situación que podría derivar en mayores riesgos para la población.
La Gobernación de La Paz, mediante la Secretaría Departamental de Protección a la Madre Tierra y Gestión Ambiental, expresó su preocupación por el incremento de residuos acumulados en las ciudades de La Paz y El Alto, advirtiendo posibles consecuencias sanitarias si no se ejecutan acciones inmediatas.
El secretario departamental, Gabriel Pari Flores, informó que se solicitaron informes oficiales a ambos gobiernos municipales sobre los planes de contingencia y medidas aplicadas para enfrentar la acumulación de basura; sin embargo, hasta la fecha, aseguró que no recibieron respuesta.
Según datos departamentales, El Alto genera entre 850 y 900 toneladas diarias de residuos sólidos, mientras que La Paz produce entre 600 y 650 toneladas por día, situación que, sumada a las dificultades logísticas actuales, incrementa el riesgo de proliferación de vectores, malos olores y afectaciones ambientales.
En paralelo, el gobernador Luis Revilla promulgó la declaratoria de Emergencia Sanitaria y Humanitaria Departamental por un periodo inicial de 90 días, argumentando que los conflictos sociales y bloqueos están afectando progresivamente la operatividad del sistema de salud.
La medida instruye priorizar el abastecimiento de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos e insumos esenciales, además de habilitar corredores humanitarios para garantizar la atención médica, especialmente para pacientes críticos y grupos vulnerables.
Los informes técnicos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) señalan que varios establecimientos médicos registran reservas limitadas de oxígeno, combustible y alimentos, situación que compromete la continuidad de los servicios hospitalarios en distintas regiones del departamento.
Asimismo, la Gobernación anunció gestiones ante el Gobierno nacional para asegurar la provisión prioritaria de combustible destinado a las empresas encargadas de la recolección de residuos, con el objetivo de evitar una mayor afectación sanitaria en ambas ciudades.