La movilización campesina e indígena procedente del norte del país entregó este lunes un documento con 12 demandas ante la Casa Grande del Pueblo y dio un plazo de 24 horas al Órgano Ejecutivo para responder de manera formal. Los dirigentes descartaron instalar mesas de trabajo con ministros o viceministros y condicionaron el diálogo únicamente a una reunión con el presidente Rodrigo Paz.
El pliego incluye la anulación de la Ley 1720, la paralización de proyectos vinculados al mercado de carbono, soluciones a la titulación de tierras en Beni y el rechazo a la ley antibloqueo. También exige abastecimiento regular de combustibles, refuerzo de personal en salud y educación rural, y la eliminación de rentas vitalicias para exautoridades.
Los movilizados ratificaron su permanencia en La Paz hasta obtener una respuesta directa del mandatario, pese a la invitación del Ejecutivo a un encuentro con el gabinete ministerial. Advirtieron que las demandas forman parte de una agenda prioritaria que, según su postura, debe ser atendida sin intermediarios.