El abogado defensor de derechos humanos, Jorge Valda, sostuvo que la situación de violencia vinculada al narcotráfico y sicariato en Bolivia no es reciente, sino que responde a un proceso acumulado de años. En entrevista, afirmó que el país enfrenta un fenómeno estructural relacionado con “complicidad, encubrimiento y proteccionismo” dentro de distintas instancias del Estado.
Valda señaló que el crimen organizado en Bolivia opera de manera articulada con actividades como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y la minería ilegal, lo que —a su criterio— supera la capacidad operativa actual de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, planteó la necesidad de una nueva política criminal que no se limite al endurecimiento de penas, sino a una intervención directa sobre las estructuras del delito.
“El crimen se lo enfrenta desde las calles, capturando a los cabecillas y desmantelando las redes”, afirmó, al cuestionar también la efectividad de los mecanismos judiciales actuales. En su criterio, las medidas abreviadas y los plazos procesales cortos en casos de narcotráfico debilitan la investigación y favorecen la impunidad.
El jurista también observó el rol del sistema judicial, señalando que no existirían mecanismos suficientes de control y fiscalización sobre jueces y fiscales. Propuso incorporar vigilancia académica y ciudadana para evaluar fallos judiciales, además de fortalecer los sistemas de control institucional.
Respecto a la lucha contra el narcotráfico, Valda consideró que las acciones deben ser integrales entre Policía, Fiscalía, Órgano Judicial y Fuerzas Armadas. Advirtió que las estructuras criminales no solo operan en el narcotráfico, sino también en el lavado de dinero, tráfico de armas y otros delitos conexos.
Asimismo, planteó endurecer medidas cautelares en delitos vinculados al narcotráfico, ampliar los tiempos de investigación y evitar lo que calificó como una “puerta giratoria judicial”. También sugirió mecanismos de protección y beneficios para testigos y colaboradores eficaces que aporten información sobre redes criminales.
Finalmente, sostuvo que el problema requiere una respuesta estructural y coordinada. “Con el mismo sistema que tenemos no vamos a obtener resultados distintos”, concluyó, al insistir en la necesidad de una reforma integral de la política criminal en el país.