Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó este domingo que incrementó la distribución de gasolina y diésel en las estaciones de servicio del país y que, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, comenzó a bloquear placas de vehículos con carguíos reiterados, como parte de los controles contra el desvío y la comercialización irregular de carburantes.
La estatal petrolera señaló que estas acciones se coordinan con los gobiernos municipales y se ejecutan en los nueve departamentos, con apoyo de las intendencias municipales y el sistema RUAT, con el objetivo de reforzar el abastecimiento para el transporte, la actividad productiva y la población.
YPFB advirtió que las personas que incurran en acaparamiento, carga reiterada o desvío de combustible estarán sujetas a las medidas establecidas por la normativa vigente. También recordó que el combustible subsidiado está destinado al mercado interno.
A un mes de la intervención de YPFB, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó sobre los resultados de los operativos. Detalló que en 30 días fueron aprehendidas 31 personas, se decomisaron 24 vehículos y se neutralizaron ocho motorizados que contaban con tanques adicionales.
Blanco agregó que, mediante el sistema B-SISA, fueron bloqueadas alrededor de 6.700 placas por carguíos considerados irregulares.
Según la autoridad, tras la eliminación de la subvención al diésel, el desvío irregular de combustible se trasladó hacia la gasolina, por lo que anunció que se establecerán controles más estrictos para evitar el contrabando.
El ministro también señaló que se revisarán los registros de vehículos que funcionan con Gas Natural Vehicular, debido a que estos requieren gasolina para el encendido y pueden presentar patrones particulares de consumo.
Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, indicó que los controles también alcanzarán a las estaciones de servicio que eventualmente sean consideradas cómplices del almacenamiento o comercialización ilegal de carburantes.
García explicó que las sanciones pueden aplicarse tanto en el ámbito penal como administrativo. Precisó que, según la normativa regulatoria, una primera infracción puede derivar en una sanción administrativa de 10 días y una segunda infracción puede ocasionar el cierre definitivo de la estación de servicio.