El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara Montaño, convocó a una Reunión de Emergencia Interinstitucional por la Justicia para este jueves 2 de julio, con el objetivo de atender las demandas planteadas por el Órgano Judicial y definir una ruta legislativa que permita fortalecer el sistema de justicia y evitar la paralización anunciada por jueces y magistrados.
La convocatoria surge «en atención a la situación institucional expuesta públicamente por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Romer Saucedo Gómez, respecto a la necesidad urgente de tratamiento de proyectos normativos orientados al fortalecimiento, modernización, independencia financiera y continuidad del servicio de justicia en Bolivia».
Según el documento oficial, la reunión busca «abrir de manera inmediata un espacio institucional de diálogo, coordinación y responsabilidad pública» para evaluar el estado de los proyectos de ley presentados por el Órgano Judicial y establecer una «ruta legislativa seria, transparente y constitucionalmente viable».
A la reunión fueron convocados el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, el presidente del Tribunal Agroambiental, el presidente del Consejo de la Magistratura, además de los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, junto con los jefes de bancada de todas las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa.
Entre los principales temas que serán abordados figuran el Proyecto de Ley de Financiamiento para la Modernización Tecnológica del Sistema de Justicia, la modificación de la Ley N° 025 del Órgano Judicial para garantizar su independencia financiera y presupuestaria, el proyecto de ley para la convocatoria a elecciones de magistradas y magistrados, además de otras medidas orientadas al fortalecimiento, continuidad y acceso efectivo a la justicia.
La reunión se desarrollará el jueves 2 de julio, a las 08:00, en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado, en la ciudad de La Paz.
En la parte final de la convocatoria, la Vicepresidencia señala que la reunión tiene como finalidad «preservar la institucionalidad democrática, garantizar el diálogo respetuoso entre órganos del Estado, evitar la afectación del servicio de justicia a la población boliviana y promover una respuesta legislativa responsable, plural y oportuna frente a una problemática de alta sensibilidad nacional».
Asimismo, el documento concluye que «la justicia no puede ser rehén de la indiferencia institucional ni de la confrontación política. Bolivia necesita soluciones constitucionales, coordinación efectiva y compromiso real con la transformación del sistema judicial».
No obstante, el vocero señaló que el Gobierno aún no conocía oficialmente el contenido de la convocatoria y sostuvo que «se entenderá que tiene su intencionalidad política, su lectura muy particular». Pese a ello, remarcó que «independiente de eso, la posibilidad de dialogar y construir soluciones siempre será bienvenida, y ojalá se aprovechen todos los espacios incluidos».
