El presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz, Marcelo Cruz, anunció en entrevista con el programa “De Primera Mano” de La Paz Media 96.7, que el sector analiza acciones legales contra los responsables de los bloqueos de caminos, a quienes acusa de generar graves perjuicios económicos, sociales y hasta riesgos a la vida de los conductores.
Cruz sostuvo que la situación ya no se limita a un conflicto social, sino a hechos que, a su juicio, constituyen delitos. “Estamos acudiendo a las instancias nacionales porque esto, si no prospera, vamos a acudir a instancias internacionales… nadie puede detener contra su voluntad en un punto de bloqueo, eso se llama secuestro y está penal”, afirmó. En esa línea, denunció agresiones contra transportistas y la colocación de objetos peligrosos en las carreteras: “Han perforado la capa asfáltica para instalar fierros, clavos, miguelitos… son atentados contra la vida y la seguridad del usuario de una carretera”.
El dirigente también alertó sobre el impacto económico de las movilizaciones, señalando que miles de conductores permanecen varados. “Tenemos aproximadamente 2.000 conductores en diferentes puntos del país”, indicó, agregando que las pérdidas alcanzan a la cadena logística: “Por día las navieras cobran una multa de 1.500 a 2.000 bolivianos por cada contenedor… estamos hablando de millones de bolivianos perdidos”.
Asimismo, denunció que la situación afecta también la salud de los transportistas, quienes permanecen días en carretera sin condiciones básicas. “Muchos no tienen agua, no tienen alimento, son diabéticos, necesitan insulina, son personas con presión alta”, afirmó. Ante este escenario, el sector pidió intervención estatal inmediata. “Exigimos al gobierno que tenga que intervenir y dar vía libre a esos transportistas”, sostuvo Cruz, al tiempo de señalar que la medida responde a un trasfondo político: “Es una acción política, ya descarada”.
Finalmente, el dirigente reiteró su posición de respaldo a medidas legales contra los responsables de las movilizaciones. “Apoyamos la medida de que estos dirigentes tienen que ser puestos a disposición de las autoridades nacionales”, dijo, insistiendo en que el Estado debe actuar para garantizar la libre transitabilidad y el abastecimiento en el país.