El transporte de carburantes anunció un paro nacional desde el lunes 24 de agosto en reclamo por pagos pendientes de YPFB, la nivelación de los precios de los fletes y otras demandas que, según el sector, continúan sin respuesta.
El dirigente de los cisterneros, Sergio Kosky, confirmó la medida y cuestionó el incumplimiento de compromisos asumidos por la estatal petrolera. El conflicto adquiere relevancia porque las cisternas son fundamentales para trasladar gasolina y diésel desde las plantas de almacenamiento hasta las estaciones de servicio.
El sector ya había alcanzado un acuerdo con YPFB el 9 de julio. Entre los compromisos estaba el pago, hasta finales de ese mes, de saldos pendientes correspondientes a marzo y abril, además de la instalación de mesas de trabajo para analizar el incremento de los fletes, la facturación, las condiciones de contratación y la seguridad jurídica de las empresas transportistas.
Sin embargo, poco más de un mes después, los cisterneros vuelven a anunciar una medida de presión, lo que evidencia que el acuerdo no logró cerrar el conflicto.
Uno de los principales reclamos ahora es la nivelación de los fletes. Los transportistas sostienen que sus costos operativos aumentaron debido a las dificultades para acceder al combustible, los tiempos de espera y los problemas logísticos que afectan al sector.
El reclamo surge además en un momento de presión sobre el mercado de carburantes. Desde el 17 de agosto rige un nuevo esquema para el diésel que elimina el subsidio para grandes consumidores, con un incremento cercano al 84% para quienes superan los 120 litros mensuales, según reportes citados en el contexto de la medida.
Para los cisterneros, el impacto de los costos es especialmente sensible debido a las largas distancias que recorren, las horas de espera y las condiciones de seguridad que exige el transporte de materiales inflamables.
La eventual paralización se produce mientras YPFB intenta normalizar el abastecimiento. El 17 de agosto, la estatal presentó en Santa Cruz un plan para enfrentar la escasez y suscribió un acuerdo de diez puntos con autoridades e instituciones del departamento. El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, afirmó entonces que las filas podían comenzar a disminuir en cuestión de horas o pocos días.
Pero si las cisternas dejan de operar, el problema ya no estaría únicamente en la disponibilidad de gasolina y diésel, sino en la capacidad para trasladarlos hasta los surtidores.
La dependencia del transporte terrestre quedó expuesta en junio, cuando YPFB informó que más de 1.000 cisternas cargadas con combustibles permanecían varadas en diferentes rutas debido a bloqueos, afectando la llegada de carburantes a El Alto y a la planta de Senkata.
Ante esta situación, YPFB comenzó a buscar alternativas. A finales de junio reactivó el transporte ferroviario de combustibles hacia Santa Cruz, con un primer convoy que trasladó más de un millón de litros de gasolina desde Puerto Aguirre. La estatal informó posteriormente que cada convoy puede transportar entre 900.000 y 1,1 millones de litros.
Sin embargo, el ferrocarril no reemplaza de manera inmediata a las cisternas. Los camiones siguen siendo indispensables para distribuir los carburantes desde las plantas hasta las estaciones de servicio.
Por eso, la medida anunciada por los transportistas vuelve a colocar bajo presión una cadena de abastecimiento que todavía no recuperó completamente la estabilidad.
El punto central del conflicto ahora es el cumplimiento de los compromisos asumidos por YPFB y la actualización de los costos de transporte. Si no existe un acuerdo antes del lunes 24 de agosto, una paralización nacional de las cisternas podría traducirse nuevamente en dificultades para la llegada de gasolina y diésel a distintas regiones del país.
Esta vez, el conflicto no se limita a cuánto combustible tiene Bolivia, sino a una pregunta clave para el abastecimiento: cuánto cuesta trasladarlo y quién debe asumir ese costo.