La senadora Carolina Giese presentó un proyecto de Ley de Justicia Ambiental Directa que plantea facultar a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental para disponer medidas cautelares y preventivas ante posibles daños ambientales graves e irreversibles o cuyos efectos trasciendan las fronteras de Bolivia o la jurisdicción de más de un juzgado agroambiental.
La propuesta establece que la falta de certeza científica no impedirá la adopción de medidas urgentes, siempre que sean fundamentadas, proporcionales y temporales. También dispone que los jueces agroambientales que identifiquen estos casos adopten medidas urgentes y remitan los antecedentes a la Sala Plena en un plazo de 24 horas.
El proyecto incorpora además la conciliación intercultural para atender conflictos relacionados con contaminación, minería ilegal en fuentes de agua, tráfico de fauna silvestre y destrucción de áreas protegidas, reservas forestales y patrimonio natural o cultural, cuando afecten a pueblos indígena originario campesinos o se produzcan en sus territorios.
Asimismo, plantea que la Sala Plena pueda trasladarse al lugar donde se origine la amenaza ambiental para realizar audiencias, inspecciones y conciliaciones, con interpretación y traducción a idiomas oficiales cuando corresponda.
