La Cámara de Senadores sancionó este miércoles el proyecto de ley que aprueba un crédito de hasta $us 200,5 millones del Banco Mundial para financiar el Proyecto de Protección Económica y Transformación Social en Bolivia, que contempla recursos para el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y otros programas sociales.
Durante el tratamiento, el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, explicó ante el pleno que $us 192 millones se destinarán a transferencias económicas vinculadas al PEPE y otros programas sociales, mientras que los $us 8 millones restantes financiarán el fortalecimiento del sistema de protección social y la gestión del proyecto.
El presidente del Senado, Diego Ávila, solicitó que la iniciativa fuera tratada por dispensación de trámite, lo que permitió su consideración directa en el pleno legislativo.
Navarro informó que el PEPE habilitó a más de 2,3 millones de personas y alcanzó al 95% de los beneficiarios habilitados. Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre enero y el 5 de octubre de 2026 se registraron 2.210.628 pagos por un total de Bs 1.668,5 millones.
El programa contempla a adultos mayores que no reciben renta de jubilación, familias con estudiantes del sistema educativo fiscal, beneficiarias del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y personas no videntes.
Otro componente del proyecto prevé la construcción de un registro integrado de beneficiarios, con información interconectada y actualizada para identificar a los hogares en situación de vulnerabilidad. Según explicó Navarro, esta herramienta permitirá orientar la asistencia estatal y facilitar la respuesta de los distintos niveles de gobierno ante situaciones adversas.
El convenio de préstamo 9927-BO fue suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo del Grupo Banco Mundial. Establece un plazo de 23 años, incluidos 14 años de gracia, y un periodo de desembolso de cuatro años.
La norma también establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá informar semestralmente, de forma oral y escrita, a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el uso, destino y ejecución de los recursos, con documentación de respaldo. El pago del crédito estará a cargo del Tesoro General de la Nación.