El diputado Diego Brañes, impulsor del proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia, afirmó que la propuesta prioriza la atención paliativa gratuita y de calidad antes de que una persona pueda solicitar el procedimiento de eutanasia. La iniciativa fue presentada el 10 de agosto y comenzó a tratarse en la Comisión de Constitución, según informó el legislador en una entrevista en el programa De Primera Mano, de La Paz Media.
“Lo que nosotros hablamos es del Sistema Nacional de Cuidados Paliativos de manera gratuita y de calidad”, explicó Brañes, al señalar que el Estado debe poner sus recursos a disposición del paciente antes de que este tome una decisión sobre el final de su vida.
Según el legislador, el proyecto está dirigido a personas mayores de edad, de nacionalidad boliviana, con una enfermedad irreversible y capacidad para tomar decisiones propias. Aclaró que la propuesta excluye a menores de edad y contempla un periodo de reflexión de 15 días, durante el cual se brindarían cuidados paliativos gratuitos.
La iniciativa también establece la conformación de una junta multidisciplinaria con profesionales de distintas áreas, entre ellos médicos, psicólogos, psiquiatras y abogados. Además, según Brañes, podría conformarse una segunda junta para corroborar la información y los antecedentes del solicitante.
Consultado sobre el caso de Adrin Ichuta, un joven de 20 años que padece cáncer de huesos y ha expresado públicamente sus dolores, el diputado indicó que, si se aprueba la ley, podría evaluarse su situación, siempre que cumpla los requisitos previstos y se verifique su condición médica y capacidad de decisión.
Brañes sostuvo que el proyecto también busca establecer garantías legales para los profesionales que participen en el procedimiento. Para ello, plantea modificar el artículo 256 del Código Penal, referido al homicidio piadoso, con el fin de eximir de responsabilidad administrativa y penal a quienes intervengan conforme a lo establecido en la futura norma.
El legislador afirmó que la propuesta busca proteger tanto al paciente como a los profesionales involucrados y evitar que el solicitante deba asumir costos por el procedimiento. “No queremos que esta ley sea una ley misericordiosa, piadosa, pero sobre todo una ley humanitaria”, manifestó.