El experto en temas energéticos y petroleros Jaime Balanza Márquez advirtió que los decretos supremos 5647 y 5750 pueden derivar en incrementos sostenidos de las tarifas de electricidad, debido a los ajustes mensuales y a la actualización de las fórmulas que consideran la inflación, el tipo de cambio y los costos de los combustibles.
En una entrevista en el programa De Primera Mano, de La Paz Media, Balanza explicó que antes los ajustes tarifarios estaban semestralizados, con variaciones de hasta el 3%, mientras que el Decreto Supremo 5647 estableció ajustes mensuales con un rango de hasta el 5%. En tanto, señaló que el DS 5750 modifica las fórmulas para actualizar los costos de las empresas que generan, transportan y distribuyen electricidad.
“Este decreto, obviamente, que va a significar en lo venidero un sostenido incremento de las tarifas de los servicios de energía eléctrica”, afirmó el especialista, quien vinculó ese posible efecto con la actualización de los costos operativos y la indexación al dólar y a la inflación.
Balanza cuestionó que se presente la medida únicamente como una modificación metodológica y no como un incremento inmediato. Según explicó, aunque el decreto no dispone por sí mismo una subida directa de las tarifas, los cambios en las fórmulas pueden repercutir en los precios futuros. Añadió que los ajustes mensuales podrían acumularse y generar un efecto mayor para los consumidores.
“Antes, a las empresas y a las familias, los distribuidores de la energía eléctrica podían darle dos garrotazos, dos tarifazos al año, del 3%. Ahora les pueden dar 12 garrotazos de nivel 5”, sostuvo.
Sobre el uso de combustibles para generar electricidad, indicó que la Ley de Hidrocarburos 3058 establece que el precio del gas en el mercado interno no puede superar el 50% del precio del gas de exportación. Sin embargo, aclaró que no toda la generación eléctrica depende del gas, pues existen sistemas aislados, entre ellos en el norte de La Paz y el oriente boliviano, que utilizan diésel.
El experto también alertó sobre el impacto que los precios de los combustibles, la energía y el transporte pueden tener en el conjunto de la economía, debido a que estos costos intervienen en la producción de bienes y servicios.
“Si sube uno o varios de estos precios, eso va a repercutir en un incremento del índice general de precios”, manifestó. En ese contexto, consideró que los eventuales ajustes salariales deben analizarse en función del poder adquisitivo real de los ingresos familiares y advirtió que, en un escenario de inflación y contracción económica, un aumento salarial podría trasladarse a mayores precios.
En relación con la política económica del Gobierno, Balanza sostuvo que el país atraviesa un ajuste estructural que, a su juicio, se guía principalmente por los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El gobierno no tiene un plan de ajuste estructural. Lo que está aplicando son los acuerdos, los convenios, que ha suscrito con el FMI”, afirmó.
Finalmente, cuestionó la planificación del sector eléctrico y señaló que Bolivia tiene una capacidad instalada de generación de 3.800 megavatios frente a un consumo máximo de 1.600 megavatios, lo que representa un excedente de 2.200 megavatios. Según su análisis, parte de esa capacidad corresponde a plantas termoeléctricas que no contarían con suficiente gas para operar plenamente y que, además, tendrían limitaciones de infraestructura para evacuar la energía.
Balanza afirmó que las inversiones realizadas en esas plantas podrían terminar repercutiendo en las facturas de los usuarios, ya que los costos de los operadores regulados se recuperan mediante las tarifas eléctricas.