El presidente Rodrigo Paz planteó un “gran acuerdo” con el magisterio urbano para impulsar cambios en la educación boliviana, después del paro que realizó el sector en rechazo a la descentralización educativa. El mandatario aseguró que la propuesta no contempla la privatización y defendió la educación gratuita, aunque sostuvo que es necesario mejorar la calidad de la enseñanza.
“Este acuerdo con el magisterio no es como decían algunos dirigentes, para privatizar, todo lo contrario. La educación en Bolivia, mientras este gobierno esté firme, seguirá siendo una educación gratuita, pero tiene que superarse, nuestros hijos nos exigen superación”, afirmó durante el acto de pago del bono Juancito Pinto.
Entre los objetivos planteados, Paz propuso establecer mecanismos para medir la calidad educativa y evaluar los resultados de la enseñanza. “Si no podemos medir no sabemos qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal”, señaló, al defender la necesidad de someter al sistema educativo a evaluaciones.
El mandatario también incluyó la modernización de los trámites estatales entre los puntos del acuerdo. Como ejemplo, mencionó la entrega gratuita y digital del título de bachiller, con el propósito de evitar que las familias pierdan tiempo en gestiones innecesarias.
Otro componente es el modelo 50/50, que plantea una mayor participación de los gobiernos subnacionales en la gestión de competencias y recursos. Paz defendió la descentralización y utilizó como ejemplo el acceso a internet mediante antenas satelitales de Starlink. “Significa descentralizar la información”, expresó.
Asimismo, planteó ampliar la conectividad a internet en el sistema educativo y recordó el acuerdo con municipios del departamento de La Paz para instalar antenas satelitales, con la intención de extender esta experiencia a otras regiones del país.
El planteamiento se da en medio del rechazo del magisterio urbano a la descentralización. Los maestros advierten que las gobernaciones y alcaldías no contarían con recursos suficientes para asumir responsabilidades educativas y sostienen que la medida podría abrir paso a la privatización, una posibilidad que el presidente negó en su intervención.