La politóloga Jimena Costa cuestionó el proceso de diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) en el contexto de los bloqueos y la crisis social que atraviesa el país, al advertir que las negociaciones con la dirigencia de Mario Argollo no serían suficientes para resolver el conflicto en su totalidad.
En una entrevista en el programa “De Primera Mano”, Costa expresó sus dudas sobre la forma en que se ha estructurado el proceso de negociación y sobre la coherencia de sentarse a dialogar con sectores a los que previamente se les atribuyen hechos de violencia.
“Me sorprende que sean acusados de narcoterroristas y después te sientes a dialogar con ellos”, señaló, en alusión a la instalación de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y los sectores movilizados.
La analista sostuvo que el conflicto social no tiene un solo liderazgo ni una estructura única, por lo que un eventual acuerdo con la COB no resolvería la totalidad del problema.
“Se va a negociar con Argollo para resolver un tercio del problema… ¿y qué van a hacer a continuación con la Túpac Katari? ¿Qué van a hacer a continuación con el trópico de Cochabamba?”, cuestionó.
En ese sentido, advirtió que el Gobierno debe ampliar la lectura del conflicto y considerar que existen múltiples frentes de movilización activos en el país.
Costa afirmó que la principal preocupación del Estado debería centrarse en la población afectada por los bloqueos y no en aspectos políticos del proceso de diálogo.
“La principal preocupación del Gobierno hoy debería ser devolverle la seguridad jurídica y la tranquilidad a los sitiados”, sostuvo, en referencia a la falta de alimentos, medicamentos, oxígeno y la situación de personas enfermas en distintas regiones.
Cuestionamientos al rol del sistema judicial y el fiscal general
Costa también abordó el rol del Ministerio Público en el actual contexto de conflicto, y planteó críticas sobre la posibilidad de que la aplicación de la ley pueda verse condicionada en el marco de las negociaciones.
Sostuvo que no se puede comprometer la aplicación de la ley ni negociar con la impunidad en casos vinculados a hechos de violencia durante las protestas.
En esa línea, afirmó que el fiscal general del Estado no puede comprometerse a no aplicar la norma o a garantizar que determinadas personas no serán imputadas, ya que ello implicaría renunciar a sus funciones constitucionales.
“Es como que gane el gobierno el presidente y se comprometa a no gobernar… es como que un juez entre al tribunal y se comprometa a que nunca va a dictar sentencia”, ejemplificó.
Agregó que, si una autoridad del Ministerio Público asume ese tipo de compromisos, debería renunciar o ser sometida a un proceso de destitución.
“El fiscal general tiene que sancionar a quien incumple la ley, incluso imputar de oficio. No puede comprometerse a no aplicar la ley”, sostuvo.
Costa advirtió además que la debilidad del sistema judicial en el país afecta la capacidad del Estado para sancionar delitos, lo que —según su análisis— favorece la impunidad.
“Lo que ha implicado eso es que redes criminales y delincuenciales campeen en el país porque el Estado no tiene capacidad de sanción”, señaló.
En ese marco, rechazó cualquier posibilidad de que el diálogo político derive en acuerdos que impliquen impunidad para los responsables de hechos de violencia.
Asimismo, planteó que la solución del conflicto debe pasar por la aplicación de la ley y la identificación de responsabilidades por los hechos ocurridos durante los bloqueos.
Finalmente, insistió en que el escenario actual es complejo y que la negociación con la COB no resuelve el conjunto del conflicto, debido a la existencia de múltiples actores movilizados en distintas regiones del país.