El diputado Carlos Alarcón cuestionó el manejo de la crisis por la denominada “gasolina basura” y pidió al Gobierno transparentar los contratos, adendas y recursos utilizados para atender los daños ocasionados a vehículos y consumidores. Señaló que la investigación sobre este caso debe establecer responsabilidades tanto de la anterior como de la actual administración de YPFB.
En entrevista en el programa “De Primera Mano”, Alarcón recordó que fue parte de una comisión legislativa que investigó el caso BOTRADING, donde, según afirmó, se identificó un esquema irregular que habría permitido a YPFB manejar millonarios recursos mediante una empresa intermediaria.
El legislador sostuvo que la estatal petrolera quedó afectada por problemas de corrupción, prebendalismo y mala administración durante anteriores gestiones, pero afirmó que estos antecedentes no representan un “cheque en blanco” para que la actual administración repita prácticas similares.
Respecto a la gasolina contaminada, Alarcón explicó que la investigación identificó una serie de hechos relacionados con contratos suscritos entre YPFB y la empresa Vitol para la provisión de gasolina base tipo B, C y D.
Según detalló, el contrato inicial fue firmado en mayo de 2025 durante la administración anterior y posteriormente tuvo modificaciones mediante adendas, incluida una quinta enmienda realizada durante la actual gestión, que amplió la vigencia del acuerdo hasta junio de 2026.
Alarcón afirmó que estas modificaciones contractuales demostrarían que existían observaciones sobre la calidad del producto, principalmente relacionadas con los niveles de goma y manganeso, debido a que posteriormente se establecieron nuevas exigencias técnicas al proveedor.
“El problema principal en relación a la calidad de la gasolina es el mismo producto de esta gasolina base”, sostuvo el diputado, al señalar que si el inconveniente hubiera sido únicamente por almacenamiento, no habría sido necesario modificar las condiciones del contrato.
Asimismo, cuestionó la decisión de utilizar aditivos para mejorar la gasolina almacenada en lugar de devolver el producto al proveedor o solicitar un cambio del combustible.
“En lugar de devolver la gasolina desestabilizada, que estaba en esos cinco tanques de almacenamiento, optaron por agregarle aditivos”, afirmó.
Uno de los principales pedidos de Alarcón es que YPFB explique el origen de los recursos utilizados para cubrir los daños ocasionados a propietarios de vehículos afectados y el costo de los aditivos empleados para mejorar la calidad del combustible.
“¿Se pagó con la plata del seguro o no se pagó con la plata del seguro? Si se pagó con la plata del seguro, ¿se pagó total o parcialmente los daños y perjuicios? ¿Y a cuánto ascendió el pago de los aditivos?”, cuestionó.
El diputado también observó que, hasta la fecha, no se habrían difundido públicamente documentos vinculados a los contratos, las adendas y los gastos realizados durante la emergencia, por lo que pidió mayor transparencia.
“Este gobierno se maneja con anuncios, con explicaciones, pero no muestra los documentos, no muestra los contratos de los aditivos, no muestra la adenda quinta”, señaló.
Alarcón también cuestionó la explicación inicial del Gobierno sobre un supuesto sabotaje internacional como causa de la contaminación del combustible y sostuvo que las modificaciones posteriores al contrato con Vitol deben ser esclarecidas.
A su criterio, todos los funcionarios que tengan indicios de responsabilidad deben ser investigados, tanto de la gestión anterior como de la actual administración, debido a que el caso involucra decisiones tomadas en diferentes periodos.
El legislador además relacionó este caso con sus observaciones anteriores sobre BOTRADING y pidió conocer si existieron nuevas modificaciones contractuales posteriores al vencimiento de la última adenda con Vitol.
Finalmente, afirmó que YPFB necesita una transformación institucional para recuperar la confianza ciudadana y garantizar transparencia en el manejo de una de las empresas estratégicas del Estado.