El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que Elio Affid Montes Chávez, exgerente general de ENTEL, y Marcelo Sebastián Dabdoub, exasesor estratégico, fueron condenados a ocho años de reclusión en el penal de San Pedro por los delitos de conducta antieconómica y negociaciones incompatibles. Según la autoridad, el caso estableció un daño patrimonial de Bs 1.758.278 a la empresa estatal.
De acuerdo con García, los exfuncionarios y otros exejecutivos de su entorno de confianza realizaron o autorizaron una serie de gastos que fueron considerados suntuosos y que generaron el perjuicio económico a la estatal.
Entre las operaciones observadas se encuentran la compra de equipos celulares para entregas que no habrían contado con justificación, patrocinios a comparsas carnavaleras sin documentación de respaldo y el pago de alojamiento temporal en hoteles de cinco estrellas para exgerentes, exejecutivos y particulares.
La investigación también identificó el alquiler de avionetas para traslados privados entre La Paz y Santa Cruz, financiados con recursos de ENTEL, además del uso excesivo e injustificado de tarjetas de crédito corporativas.
A ello se sumaron pasajes y viáticos para viajes que, según la denuncia, no debieron ser autorizados, así como vales de tesorería utilizados para cubrir gastos en despensas, bares y restaurantes de exgerentes y exfuncionarios.
“En este caso queremos mostrar que no solamente nosotros promovemos el inicio de una investigación, sino que también ya en etapa de juicio oral nos constituimos en parte coadyuvante de tal manera que se han obtenido estas sentencias condenatorias”, afirmó García.
En la misma conferencia, el viceministro informó sobre otro caso relacionado con ENTEL. Denunció un presunto daño económico superior a Bs 52 millones por la compra irregular de decodificadores IPTV.
Por este segundo caso, García anunció que se promoverá un proceso penal contra exfuncionarios de la empresa estatal y la firma proveedora COMTEC S.R.L., por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.
A diferencia del primer caso, que ya cuenta con una sentencia condenatoria, la denuncia por la compra de los decodificadores corresponde a un proceso que será sometido a investigación y determinación de responsabilidades.