El abogado Eduardo León considera que el Decreto Supremo 5749, promulgado para canalizar denuncias por presuntos cobros ilegales y hechos de corrupción en la Fiscalía, la Policía y el Órgano Judicial, será insuficiente si no se fortalecen los mecanismos de control y se garantiza que las denuncias sean investigadas.
En una entrevista en el programa De Primera Mano, León sostuvo que en Bolivia ya existen normas y procedimientos para denunciar irregularidades dentro del sistema de justicia, pero cuestionó que muchas de esas denuncias terminen archivadas o sin resultados.
“Leyes hay en Bolivia para todo, pero la cosa es que no se cumple ninguna. Y no se cumple, porque hay corrupción”, afirmó el abogado al explicar sus reparos al nuevo decreto.
León reconoció que la disposición puede facilitar la presentación de denuncias, pero advirtió que su alcance será limitado si no se acompaña de acciones concretas. A su juicio, la normativa podría superponerse a mecanismos ya establecidos en leyes como la 260, del Ministerio Público, y la 025, del Órgano Judicial, además de las disposiciones del Código Penal.
“Es una curita para un mal de cáncer que tiene la justicia”, expresó al cuestionar que la promulgación de una nueva norma sea suficiente para enfrentar los problemas estructurales del sistema judicial.
El abogado también señaló que la corrupción no se limita a actuaciones individuales, sino que puede involucrar redes de jueces, fiscales, abogados y policías. Según su denuncia, estos vínculos tendrían capacidad para influir en expedientes, resoluciones fiscales y sentencias. Estas afirmaciones corresponden a sus apreciaciones durante la entrevista.
Frente a ese escenario, León planteó fortalecer los controles y las auditorías en la Fiscalía, la Policía y el Órgano Judicial. Propuso, además, establecer una instancia o plataforma que permita a la ciudadanía presentar denuncias y que estas sean revisadas, tanto en relación con los expedientes como con la actuación de los funcionarios involucrados.
Asimismo, cuestionó que el Viceministerio de Transparencia asuma funciones administrativas relacionadas con la recepción de denuncias si no existen garantías de que estas derivarán en investigaciones y resultados concretos. En su criterio, el mecanismo no debe quedarse únicamente en la posibilidad de presentar una queja.
Durante la entrevista, León también se refirió a las investigaciones relacionadas con el exfiscal general del Estado Roger Mariaca. Advirtió que estos procesos deben desarrollarse con respeto al debido proceso y sin convertirse en disputas internas o persecuciones. Sus cuestionamientos fueron planteados como una advertencia sobre la necesidad de investigar con independencia y sin recurrir a procedimientos ilegales.
El abogado sostuvo que las autoridades deben evitar repetir prácticas de persecución política y actuar dentro de la legalidad, independientemente de quiénes sean las personas investigadas.
En ese marco, insistió en que la lucha contra la corrupción judicial requiere más que la promulgación de una disposición. Para León, el resultado del DS 5749 dependerá de que las denuncias sean atendidas, se investiguen las presuntas irregularidades y existan controles efectivos sobre quienes administran justicia.