El exministro de Gobierno Carlos Romero afirmó que el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho aprendieron a organizar redes de abogados vinculados a sus integrantes en las cárceles, a los que habrían articulado en estructuras de protección. En una entrevista con el programa De Primera Mano, sostuvo que una posible existencia de redes similares en Bolivia podría debilitar a las organizaciones criminales si son investigadas y desarticuladas.
“Los del PCC han aprendido a conectarse con los abogados que iban a visitar a sus clientes y los han organizado en consorcios de protección”, declaró Romero al referirse a la forma en que estas organizaciones criminales habrían establecido vínculos con profesionales del derecho, tanto del ejercicio libre como con personas que ocupan cargos públicos.
El exministro explicó que las cárceles se convirtieron en espacios de organización para el PCC y el Comando Vermelho, desde donde sus integrantes habrían aprendido a establecer redes de contacto. En ese contexto, consideró que las investigaciones contra posibles estructuras de protección pueden tener un doble efecto: debilitar operativamente a las organizaciones y generar un impacto psicológico entre sus integrantes al advertir que existen acciones de persecución penal.
Romero señaló que la detención de personas presuntamente vinculadas con redes de protección al narcotráfico podría afectar a estas organizaciones, debido a que los investigados eventualmente podrían proporcionar información relevante. Sin embargo, no presentó como un hecho comprobado la existencia de una estructura de esas características en Bolivia.
Al referirse a la situación de inseguridad en el país, el exministro también mencionó los recientes casos de sicariato, secuestros y atracos, y advirtió sobre la presencia del PCC y el Comando Vermelho. Según su análisis, estas organizaciones podrían estar involucradas en disputas territoriales, principalmente en la Chiquitanía, en zonas como San Ignacio de Velasco y San Matías.
Respecto a los atracos registrados en ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, Romero consideró que podrían ser obra de organizaciones delincuenciales locales, incluso integradas por extranjeros, aunque no descartó posibles conexiones con estructuras narcotraficantes. Aclaró que corresponde a las investigaciones esclarecer esos vínculos.
El exministro planteó, además, restituir la institucionalidad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), realizar un diagnóstico de su funcionamiento y avanzar en un proceso de saneamiento institucional. También cuestionó la corrupción en el sistema judicial y propuso incorporar herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, para transparentar procedimientos y reducir espacios de manipulación.
Romero sostuvo que el combate al crimen organizado requiere una estrategia integral que no se limite a operativos policiales, sino que incluya prevención, fortalecimiento institucional, coordinación con la sociedad civil y acciones contra las posibles redes que facilitan las actividades criminales.