El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5600, que tiene por objetivo transparentar los procesos de contratación directa de bienes, obras y servicios en todas las entidades del sector público, tanto del Gobierno central como de gobernaciones y municipios. La norma abroga 161 decretos anteriores que autorizaban contrataciones directas bajo normativas específicas distintas al Decreto Supremo Nº 0181 de 2009.
El presidente explicó que la medida busca «ordenar la casa y liberar a Bolivia» de prácticas de contrataciones directas que se realizaron durante las últimas dos décadas sin controles adecuados. Señaló que los contratos directos sumaron más de 100 millones de dólares y 7.400 millones de bolivianos cuya aplicación no está clara y que algunas obras, como el museo de Orinoca, no presentan uso efectivo.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, indicó que la medida «es un ataque directo a un modelo y a un sistema que sostenía prácticas de corrupción» y detalló que los ministerios realizarán un relevamiento de los procesos de contratación directa para identificar posibles irregularidades.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, anunció además la liberación del uso de tarjetas de crédito y débito para compras en el exterior y en plataformas digitales, así como la aplicación del 100% del crédito fiscal del ITF en combustibles, medidas que buscan «normalizar las actividades económicas de la población y dar previsibilidad al uso de recursos».
El Decreto Supremo 5600 establece que las entidades públicas que hayan iniciado procesos de contratación directa antes de su vigencia deberán concluirlos aplicando la norma vigente al momento de su inicio. Asimismo, los ministerios de la Presidencia y de Economía y Finanzas Públicas tendrán un plazo de 30 días hábiles para reglamentar el relevamiento de las contrataciones directas anteriores, con el fin de detectar posibles hechos de corrupción.
El presidente Paz señaló que estas acciones forman parte de un plan para mejorar la transparencia, la eficiencia y la legalidad en la gestión pública, asegurando que el Estado opere «al servicio de la gente».
