El diputado Carlos Alarcón aseguró en el programa De Primera Mano que la investigación legislativa sobre el caso de la denominada «gasolina basura» identificó una continuidad en los contratos de importación de combustibles entre las gestiones de Luis Arce y Rodrigo Paz, además de presuntas responsabilidades de exautoridades y recomendaciones para que el Ministerio Público y la Contraloría profundicen las investigaciones.
El diputado Carlos Alarcón sostuvo que el segundo informe de la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados concluye que la distribución de la gasolina desestabilizada ocurrió durante el periodo de transición entre el gobierno de Luis Arce y la administración de Rodrigo Paz, entre octubre de 2025 y enero de 2026.
Según explicó, el documento será considerado por el pleno de la Cámara de Diputados e incluye tres recomendaciones: remitir los antecedentes a la Contraloría General del Estado para una auditoría especial, enviarlos al Ministerio Público para el inicio de investigaciones penales y fortalecer la capacidad operativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para mejorar el control de calidad de los combustibles.
Alarcón señaló que el informe identifica posibles responsabilidades en ambas gestiones. Indicó que durante el gobierno de Luis Arce se emitieron decretos que modificaron el sistema de certificación de calidad de los combustibles, al eliminar la homologación de los certificados de origen por parte del IBNORCA y trasladar ese procedimiento a una declaración ante la ANH.
«De acuerdo a la Comisión, esto ha sido un facilitador para que no se haga un control a fondo de la calidad de la gasolina», afirmó.
Respecto a la actual gestión, el legislador sostuvo que el informe menciona al exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli debido a que, según la información proporcionada por la ANH a la comisión, esa entidad había ordenado el precintado de cinco tanques con gasolina sospechosa de estar desestabilizada.
Sin embargo, afirmó que mediante la Resolución Ministerial 041/2026, del 3 de marzo de 2026, se autorizó el desprecintado de esos tanques y la distribución del combustible.
«La ANH hace el precintado y con una resolución ministerial el ministro Medinaceli autoriza el desprecintado y la distribución de este combustible que estaba sospechado de ser de mala calidad», manifestó.
Alarcón también indicó que el informe menciona como posibles responsables a Armin Dorgathen, expresidente de YPFB durante el gobierno de Luis Arce, y a Yussef Akly, expresidente de YPFB en la gestión de Rodrigo Paz, por su rol como operadores estatales e importadores de combustibles.
Asimismo, explicó que la ANH reportó a la comisión que en 20 procesos de importación, 12 de ellos de carácter urgente, los certificados de calidad de origen fueron presentados después de la compra y distribución del combustible y no previamente, como correspondía.
Añadió que, según el informe, tres empresas privadas emitieron certificados de calidad que, de acuerdo con la comisión, no acreditaron contratos vigentes con YPFB y que esos documentos no incluían parámetros como plomo, gomas, olefinas, manganeso y oxígeno, necesarios para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Alarcón también afirmó que los análisis efectuados por laboratorios de YPFB Refinación en Santa Cruz, La Paz y Trinidad detectaron, entre 2025 y enero de 2026, mayores porcentajes de biodiésel y niveles de goma superiores a los máximos permitidos en muestras de combustible.
El legislador relacionó estos hallazgos con la continuidad de los contratos de provisión de combustibles. Recordó que, durante la investigación del caso Botrading, la comisión concluyó que esa empresa fue utilizada para realizar compras directas de combustibles.
Posteriormente, señaló, YPFB volvió a contratar con las comercializadoras internacionales Vitol y Trafigura en los últimos meses del gobierno de Luis Arce y esos contratos fueron heredados por la administración de Rodrigo Paz.
Alarcón afirmó que la quinta adenda al contrato con Vitol fue suscrita el 17 de diciembre de 2025, el mismo día en que se eliminó la subvención a los combustibles, ampliando la vigencia del contrato hasta el 30 de junio de 2026.
«El gobierno de Rodrigo Paz, en lugar de cortar esa relación contractual, no solamente la heredó, sino que la amplió», sostuvo.
Asimismo, indicó que solicitó un pedido de informe oral al presidente de YPFB para conocer si posteriormente se firmó una sexta adenda con Vitol, extremo que dijo aún debe ser confirmado oficialmente.
En cuanto a los contratos con Trafigura, el diputado afirmó que el informe detectó variaciones importantes en los precios pactados para la compra de petróleo crudo, situación que, según la comisión, constituye un indicio que deberá ser investigado para determinar si existió un posible daño económico al Estado.
Finalmente, Alarcón remarcó que los principales hechos investigados corresponden al periodo comprendido entre octubre de 2025 y enero de 2026, etapa en la que, según dijo, se produjeron tanto la importación como la distribución de la gasolina desestabilizada que posteriormente generó denuncias por daños a miles de vehículos en el país.