El viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García, informó sobre la aprehensión del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, en el marco de un proceso penal por presunto daño económico al Estado, que —según la investigación— alcanzaría los 142,3 millones de dólares.
En entrevista, la autoridad explicó que el caso surge a partir de un informe de auditoría que identificó presuntas irregularidades en operaciones de mercado abierto vinculadas a la compra de bonos. “Es un daño económico gravísimo en contra del Estado, en contra de los recursos de todos los bolivianos”, señaló, al precisar que no se trata de observaciones administrativas, sino de posibles delitos con impacto financiero directo.
Según detalló, el análisis técnico establece que en siete operaciones el Banco Central habría adquirido bonos por montos superiores a su valor real. “El costo real era de 12 millones 300 mil dólares, pero se terminó pagando 21 millones 786 mil”, explicó el viceministro, al advertir que solo en una de esas operaciones se habría generado una diferencia de más de nueve millones de dólares.
García afirmó que la investigación detecta un patrón repetido en las operaciones. “Esto no ha sido una sola vez, se ha repetido siete veces”, indicó, al señalar que incluso existirían correos electrónicos donde se instruye modificar los valores contables de las transacciones para reflejar cifras distintas a las reales. “Ya no poniendo el valor real, sino un valor aparente, un valor ficticio”, añadió.
De acuerdo con la autoridad, el impacto global de estas operaciones alcanzaría una sobredimensión cercana al 46%, lo que implicaría que “prácticamente se ha pagado el doble de lo que efectivamente valía” en la adquisición de los bonos.
Consultado sobre los mecanismos internos del Banco Central, García explicó que las operaciones de mercado abierto cuentan con un comité especializado que debió definir los parámetros de las adquisiciones. Sin embargo, señaló que en este caso “el comité omite información clave”, limitándose a autorizar compras sin especificar criterios técnicos ni valores de referencia. “Esa omisión no es casual”, afirmó, al sugerir que formaría parte de una estructura destinada a generar un perjuicio económico.
El viceministro indicó que entre los investigados figura el expresidente del BCB durante la gestión de Luis Arce, Edwin Rojas, además de miembros del comité de operaciones de mercado abierto y el gerente de política económica. No obstante, aclaró que la investigación podría ampliarse. “Esto puede extenderse a otras autoridades ejecutivas o funcionarios operativos”, advirtió.
Respecto al origen de la denuncia, García precisó que el propio Banco Central se constituye como víctima y denunciante del caso. “Quien ha promovido la acción penal es el Banco Central”, explicó, aunque señaló que el Viceministerio de Transparencia actúa como parte coadyuvante en los procesos donde se identifica daño económico o participación de altas autoridades.
En relación con posibles justificaciones de los implicados, la autoridad señaló que estas deberán ser presentadas ante la justicia. “El resultado es lapidario: son 142 millones de dólares que ha dejado de percibir el Banco Central”, sostuvo, al remarcar que el tipo penal de conducta antieconómica se configura por el daño económico, independientemente de otras explicaciones.
Sobre la posibilidad de recuperar los recursos, García afirmó que el proceso judicial contempla mecanismos para la restitución del dinero. “La acción no solo busca sanción, sino también recuperar los montos a favor del patrimonio estatal”, indicó, explicando que se activarán medidas cautelares de carácter económico.
Finalmente, el viceministro señaló que la investigación incluye la posibilidad de ampliar responsabilidades hacia entidades financieras que participaron en las transacciones. “Todos tienen que ser convocados para conocer la verdad histórica del hecho”, concluyó.