El diputado nacional Carlos Alarcón afirmó que existe una “estrategia sincronizada” entre la Central Obrera Boliviana (COB) y la organización Tupac Katari en el marco del actual proceso de diálogo con el Gobierno. Señaló que ambos actores tendrían objetivos distintos pero complementarios que, según dijo, apuntan a garantizar impunidad por los hechos ocurridos durante los bloqueos y a condicionar las decisiones del Estado.
El diputado nacional Carlos Alarcón sostuvo que las actuales negociaciones entre el Gobierno y sectores sociales no responden a un proceso equilibrado, sino a una “estrategia sincronizada” entre la Central Obrera Boliviana (COB) y la organización Tupac Katari, que —según afirmó— buscan objetivos políticos convergentes.
En su intervención, el legislador aseguró que la Tupac Katari habría quedado al margen del diálogo con la finalidad de mantener la presión mediante los bloqueos, mientras que la COB participa del proceso con demandas específicas vinculadas a la liberación de detenidos y a la revisión de medidas adoptadas por el Estado.
“Han sincronizado que la Tupac para mantener estos bloqueos criminales esté por fuera del diálogo, la COB entre al diálogo pero con el verdadero objetivo de conseguir primero la impunidad total”, afirmó Alarcón.
El parlamentario sostuvo que las demandas de estos sectores incluirían no solo la liberación de personas detenidas durante los conflictos, sino también la búsqueda de garantías que —a su criterio— podrían derivar en la impunidad de hechos de violencia registrados durante las protestas, las cuales, según señaló, dejaron fallecidos y afectaron a la población civil.
Alarcón también cuestionó el alcance político del proceso de negociación, al afirmar que la combinación de presión en las calles y participación en la mesa de diálogo respondería a una lógica de “control progresivo del Estado” por parte de estas organizaciones.
Según su declaración, el objetivo final de esta dinámica sería influir en las decisiones gubernamentales sobre leyes y decretos, lo que —a su juicio— debilitaría la institucionalidad del país y condicionaría la acción del Ejecutivo.
“Todo lo que dictes a futuro en decretos y leyes (…) el que da el visto bueno es la COB y estas otras organizaciones que han hecho los bloqueos”, señaló, advirtiendo que ello implicaría una pérdida de autonomía del Estado frente a los sectores movilizados.
El legislador agregó que, de consolidarse este esquema, el país podría quedar “arrodillado a los violentos”, en referencia a los grupos que impulsan las medidas de presión, y cuestionó el impacto de estas dinámicas sobre el modelo económico vigente.
Finalmente, Alarcón advirtió que este escenario impediría —según su criterio— que el Estado implemente reformas estructurales para enfrentar la crisis económica, ya que las decisiones estarían condicionadas por actores sociales en conflicto, lo que derivaría en un debilitamiento de la autoridad gubernamental.