El Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia penal por el uso irregular de más de Bs 95 millones de la Caja Nacional de Salud (CNS) durante la gestión 2023. Los recursos fueron entregados mediante cinco cheques a funcionarios bajo la modalidad de fondos en avance, mecanismo que, según la Contraloría, no podía utilizarse para evadir los procedimientos de contratación pública.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, informó que la denuncia se sustenta en el informe de la Contraloría General del Estado CGE-GPA-INF N.º 111-2026, que identificó movimientos económicos realizados en la CNS durante 2023 en presunta vulneración de las normas de contratación.
García explicó que las entidades públicas deben cumplir los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 181 para realizar sus contrataciones. Precisó que las compras superiores a Bs 1 millón requieren una licitación pública, con convocatoria, comisión de calificación y evaluación de propuestas.
Sin embargo, señaló que la CNS utilizó la modalidad de fondos en avance para disponer de más de Bs 95 millones y entregar el dinero mediante cinco cheques a funcionarios. «Jamás, jamás podría ser admisible que se efectúen contrataciones públicas como fondos en avance», afirmó.
La autoridad explicó que este mecanismo está permitido para atender gastos menores, urgentes y extraordinarios que no pueden esperar un proceso de contratación pública. Como ejemplo, mencionó gastos de transporte ante una emergencia que requiera el traslado inmediato de personal.
Entre los beneficiarios mencionó a Constantino Carlos Colque Huarachi, quien recibió dos cheques: uno por más de Bs 40 millones y otro por más de Bs 2 millones. Según García, los recursos supuestamente estaban destinados a la compra de medicamentos e insumos, pero cuestionó que los funcionarios recibieran dinero estatal para hacerse cargo directamente de esas adquisiciones.
El viceministro indicó que la Contraloría y la Auditoría Interna evidenciaron que durante 2023 no existió una emergencia que justificara la entrega de Bs 95 millones mediante cinco cheques. También señaló que los fondos en avance debían destinarse a gastos específicos y urgentes, «y no así para evadir el cumplimiento de los procedimientos de la contratación pública».
A partir de los informes, que recomendaron iniciar acciones legales, el Viceministerio formalizó la denuncia penal en coordinación con el director de la ASUSS. La acción alcanza a quienes fueron miembros del directorio y a las cuatro personas beneficiadas con los recursos.
García anunció que el Gobierno también solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realizar el rastreo económico de los Bs 95 millones. «Vamos a hacer el rastreo de esos 95 millones», afirmó, al explicar que se busca establecer si parte del dinero quedó en poder de directivos, funcionarios o personas beneficiadas por el mecanismo observado.
Asimismo, reveló que los mismos hechos ya habían sido denunciados aproximadamente un año antes, pero un fiscal de materia emitió un rechazo. Ante esa situación, el Viceministerio informó que objeta esa decisión y abrió una línea de investigación sobre autoridades del sistema de administración de justicia denunciadas por presuntos hechos de corrupción o favorecimiento a personas y empresas.
En ese contexto, García reportó que la institución recibió 65 denuncias contra distintas instancias del sistema de administración de justicia: 25 contra autoridades judiciales, 13 contra funcionarios del Consejo de la Magistratura y Derechos Reales, 24 contra fiscales y tres contra funcionarios de la Policía Boliviana.
Finalmente, anunció que en los próximos días el Viceministerio lanzará una nueva plataforma para facilitar la presentación y gestión de denuncias por posibles hechos de corrupción.