La Coordinadora de la Mujer y otras instituciones impulsan una propuesta de modificación a la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, con el objetivo de adecuar la normativa a las nuevas formas de agresión y mejorar su aplicación, después de 14 años de vigencia.
Gabriela Murillo, responsable de planificación de la Coordinadora de la Mujer, explicó que los últimos procesos electorales evidenciaron nuevas modalidades de violencia, entre ellas ataques mediante plataformas digitales, videos y audios elaborados con inteligencia artificial, además de presiones para que concejalas firmen acuerdos de renuncia.
«Es importante incorporar como delito la violencia digital, la violencia política facilitada por entornos digitales», señaló Murillo al referirse a uno de los principales cambios planteados.
La propuesta también contempla ampliar el ámbito de protección de la ley para incluir a mujeres militantes y simpatizantes de organizaciones políticas, debido a que, según explicó, el acoso puede producirse durante la elaboración de las listas de candidaturas, antes de que las mujeres asuman oficialmente una postulación.
Otro de los aspectos identificados es la necesidad de precisar las vías de denuncia y establecer un registro único de casos. Actualmente, el Tribunal Supremo Electoral, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) y el Ministerio Público manejan registros separados, por lo que no existe una cifra consolidada sobre la magnitud del problema.
Murillo señaló que la respuesta judicial sigue siendo reducida. Como ejemplo, indicó que, de más de 400 casos reportados por ACOBOL, el Ministerio Público registra solamente seis con sentencia ejecutoriada.
La representante también planteó especializar a las instituciones que intervienen en la atención de estos casos, debido a que las medidas de protección deben considerar las particularidades de la violencia política. Explicó que, en algunas situaciones, las propias víctimas terminan alejadas de sus espacios de trabajo o deben participar de sesiones de manera virtual, lo que limita sus derechos políticos y laborales.
Sobre el transfugio político, aclaró que esta figura está contemplada como delito en las leyes 026 y 1096, pero advirtió que debe evitarse que sea utilizada como una amenaza contra las mujeres que denuncian acoso o violencia política.
Asimismo, sostuvo que los acuerdos de gestión compartida que obligan a las autoridades titulares a ceder sus cargos a sus suplentes son ilegales, ya que la normativa establece que estos últimos asumen funciones cuando la titular fallece o se encuentra impedida de continuar en el cargo, y no para dividir una gestión entre ambas personas.
La construcción de la propuesta está a cargo de un comité interinstitucional integrado por representantes de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Coordinadora de la Mujer.
Como parte de este proceso, se realizan encuentros departamentales para recoger propuestas y observaciones. La ronda comenzó el 29 de octubre en Chuquisaca, continuó en Beni y tiene previsto un encuentro en La Paz, en el Hotel Estano, ubicado en la avenida Arce.