El exdirector general de Migración Marcel Rivas afirmó que en 2020 detectó más de 260 casos irregulares de otorgación de documentos de identidad y permanencia a extranjeros presuntamente vinculados al crimen organizado y a carteles del narcotráfico. Según su denuncia, estas irregularidades habrían ocasionado un daño económico superior a Bs 4 millones.
En entrevista con el programa De Primera Mano, Rivas sostuvo que los casos involucraban a extranjeros con notificaciones rojas de Interpol y acusó a exautoridades de Migración, del Ministerio de Gobierno y del Ministerio Público de presuntamente facilitar documentación y frenar las investigaciones. Entre las personas que mencionó están el exministro de Gobierno Carlos Romero, el exministro Eduardo del Castillo, Katherine Calderón, exdirectora general de Migración, y el exfiscal general Juan Lanchipa.
“Nosotros encontramos 260 casos que además adicionalmente a eso existía un daño económico de más de cuatro millones”, declaró Rivas al referirse a las irregularidades que, según dijo, identificó durante su gestión.
El entrevistado también señaló a Patricia Hermosa, quien fue jefa de gabinete del expresidente Evo Morales Ayma y estuvo vinculada al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP). Rivas afirmó que Hermosa habría actuado en coordinación con Calderón para facilitar documentación a extranjeros presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
En relación con la denuncia presentada en 2020, Rivas sostuvo que esta no avanzó y atribuyó su paralización al entonces fiscal general Juan Lanchipa. “El claro ejemplo es de nuestra denuncia en 2020 no movieron un pelo no movieron una sola hoja de investigación”, manifestó.
Rivas también mencionó el caso de Sebastián Marset y afirmó que, pese a la existencia de notificaciones rojas de Interpol registradas a su nombre y a un alias, se le habría facilitado documentación migratoria. Asimismo, se refirió a ciudadanos brasileños identificados como integrantes del grupo denominado “Los Goyas”, a quienes, según su versión, se les habría otorgado documentación durante gestiones anteriores.
Sobre la posible responsabilidad de funcionarios públicos, Rivas sostuvo que las investigaciones deben considerar tanto las acciones directas como las omisiones. “Un funcionario puede cometer un delito por la omisión”, afirmó, al señalar que también deberían investigarse los servidores públicos que continúan en funciones y que pudieron haber tenido conocimiento de hechos ilícitos.
El exdirector indicó que remitió información al actual director general de Migración, Eddie Ordóñez, para poner en su conocimiento los antecedentes y solicitar que se profundicen las investigaciones. Entre las medidas planteadas mencionó el desarchivo de la denuncia presentada en 2020 y la incorporación de información sobre casos posteriores.
“Lo que tiene que hacer en la actual administración de la inmigración es desarchivar esta denuncia”, manifestó Rivas, quien pidió que se establezcan las responsabilidades correspondientes.
Las acusaciones contra las personas mencionadas corresponden a las declaraciones de Marcel Rivas y deben ser investigadas por las instancias competentes. La entrevista, por sí sola, no constituye una determinación judicial de responsabilidad.