El proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone crear una Autoridad de Promoción y Facilitación de Inversiones, una Ventanilla Única y un régimen de incentivos sujeto a evaluación técnica y fiscal. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que la norma busca dar “seguridad jurídica, igualdad ante la ley” y previsibilidad a los inversionistas.
El Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley de Promoción, Protección y Facilitación de las Inversiones Productivas, una propuesta que busca establecer nuevas condiciones para atraer inversión nacional y extranjera, simplificar trámites y otorgar mayor previsibilidad a quienes destinen capital a actividades productivas en Bolivia.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que el proyecto contiene 103 artículos y que su contenido fue ampliado a partir del proceso de socialización con diferentes sectores. Según la autoridad, la propuesta se sostiene en tres pilares: convertir la inversión en una actividad habitual de la economía, generar condiciones de seguridad y previsibilidad para los inversionistas y ordenar los incentivos y normas actualmente dispersos.
“Hoy por hoy la inversión es el hecho atípico en Bolivia”, afirmó Espinoza, al señalar que el país registra bajos niveles de inversión pública y privada frente a otros países de la región.
El proyecto establece que las inversiones productivas podrán ser nacionales o extranjeras, públicas, privadas, comunitarias, cooperativas, sociales o mixtas. También contempla diferentes categorías, entre ellas inversiones nuevas, ampliaciones, reinversiones e inversiones estratégicas.
Uno de los principales cambios propuestos es la creación de una Autoridad de Promoción y Facilitación de Inversiones, que tendrá entre sus funciones promover a Bolivia como destino de inversión, administrar un registro de inversiones, acompañar proyectos estratégicos y coordinar con las diferentes entidades públicas.
La iniciativa también plantea una Ventanilla Única de Inversiones Productivas, mediante la cual se pretende integrar información, recepción, derivación, seguimiento y trazabilidad de trámites relacionados con proyectos de inversión.
Espinoza sostuvo que el objetivo es terminar con procedimientos burocráticos que dificultan la llegada de capitales. “La normalidad es que el Estado desconfíe tanto de los ciudadanos como de los inversionistas”, señaló al referirse a la cantidad de requisitos que actualmente deben cumplir quienes realizan diferentes trámites.
Incentivos sujetos a evaluación
El proyecto establece un régimen marco de incentivos para las inversiones productivas. Sin embargo, plantea que los beneficios tributarios y aduaneros deberán ser aprobados mediante una ley expresa y contar con estudios técnicos y una memoria fiscal.
La propuesta contempla incentivos no tributarios como asistencia técnica, capacitación laboral, programas de innovación, transferencia tecnológica, vinculación con proveedores nacionales y facilidades administrativas.
También prevé incentivos tributarios y aduaneros, entre ellos mecanismos relacionados con depreciación acelerada, reinversión de utilidades, investigación y desarrollo y tratamiento arancelario para bienes de capital que no sean producidos en el país.
El proyecto establece que estos beneficios deberán ser temporales, focalizados, proporcionales y evaluables. Además, las inversiones que reciban incentivos relevantes deberán suscribir convenios de desempeño productivo con metas y obligaciones concretas.
De acuerdo con el ministro, la intención no es otorgar privilegios de manera automática. “No se busca establecer privilegios para algunos sectores”, afirmó, al explicar que la propuesta apunta a generar condiciones de estabilidad y previsibilidad para quienes decidan invertir.
Se priorizan nuevos sectores
La iniciativa también amplía la mirada sobre los sectores considerados estratégicos para la inversión. El Gobierno plantea promover actividades vinculadas con logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas.
Espinoza señaló que Bolivia históricamente concentró sus esfuerzos en atraer capital hacia hidrocarburos y minería, pero consideró necesario orientar la política de inversiones hacia nuevas áreas.
“Estamos tratando de generar las condiciones para los próximos 20 o 30 años de inversión en el país”, sostuvo.
El proyecto también incorpora medidas para promover la transferencia tecnológica, la formación de trabajadores bolivianos, la investigación aplicada y el desarrollo de proveedores nacionales.
El Estado mantiene sus potestades regulatorias
La propuesta establece que la promoción de inversiones no significa eliminar las competencias del Estado. El proyecto señala expresamente que las inversiones deberán cumplir las normas tributarias, laborales, ambientales, sociales y sectoriales vigentes.
También mantiene la regulación estatal sobre recursos naturales, actividades estratégicas y sectores reservados por la Constitución y las leyes.
En materia de expropiación, el proyecto establece que la propiedad y los derechos patrimoniales vinculados a inversiones lícitas estarán protegidos conforme a la Constitución y la legislación vigente.
El ministro explicó que uno de los objetivos es limitar la discrecionalidad política en futuras decisiones de nacionalización o expropiación. Según Espinoza, el proyecto plantea que estas medidas deban pasar por una decisión legislativa y considerar el valor patrimonial de los bienes involucrados.
“Esto tiene que ser realmente una decisión del Estado boliviano, no de la autoridad de turno en ese momento”, afirmó.
Arbitraje internacional
Otro de los puntos incorporados en el proyecto es el referido a la solución de controversias. La propuesta contempla negociación, mediación y conciliación y establece mecanismos de arbitraje dentro de los límites establecidos por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales vigentes.
El artículo 48 señala que las controversias entre un inversor y el Estado podrán someterse a arbitraje internacional una vez agotada formalmente la vía nacional, con las restricciones previstas por la Constitución.
Espinoza defendió esta posibilidad y sostuvo que Bolivia ya forma parte de espacios internacionales que contemplan mecanismos de arbitraje. “Es posible hablar de arbitraje internacional en el ámbito boliviano, insisto, sin modificar la Constitución”, afirmó.
El proyecto abroga la Ley 516
La propuesta establece en sus disposiciones abrogatorias la abrogación de la Ley N° 516 de Promoción de Inversiones, de 4 de abril de 2014, además de dejar sin efecto las disposiciones de igual o menor jerarquía que sean contrarias a la nueva norma.
El proyecto también dispone que las inversiones, autorizaciones, contratos e incentivos otorgados antes de la vigencia de la nueva ley mantendrán sus derechos y obligaciones conforme a sus instrumentos constitutivos.
El Gobierno espera que la propuesta sea tratada inicialmente en la Cámara de Diputados. Espinoza anunció que durante esta semana y la próxima se prevé trabajar con jefes de bancada y brigadas parlamentarias antes de avanzar hacia el tratamiento en comisión y posteriormente en el pleno.
La autoridad señaló que todavía existe margen para modificar el proyecto durante el tratamiento legislativo y que el proceso de socialización continuará con diferentes sectores.
PL Promoción, Protección y Facilitación de las Inversiones Productivas