El diputado Carlos Alarcón informó que este miércoles, a las 14:00, se presentará a declarar ante el Ministerio Público en la ciudad de La Paz, luego de que la Fiscalía cambiara de oficio la sede de su comparecencia, inicialmente fijada en Sucre. El legislador aseguró que acudirá a la convocatoria en calidad de testigo, aunque denunció que el proceso constituye un acto de represalia, intimidación y amedrentamiento por sus recientes cuestionamientos al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y por impulsar el proyecto de ley antibloqueos.
En entrevista con De Primera Mano, el legislador informó que la Fiscalía modificó de oficio el lugar de su declaración, inicialmente fijada en Sucre, para que se realice este miércoles en la ciudad de La Paz.
Alarcón sostuvo que el caso corresponde a una investigación interna entre exfiscales de la gestión de Juan Lanchipa y la actual administración del Ministerio Público, y aseguró que la propia Fiscalía no lo identifica como integrante del presunto «contubernio».
“Ni siquiera dicen que yo he estado metido en este contubernio. Dicen que en esa interacción ha surgido mi número de celular y por esa razón me convocan como testigo”, afirmó.
Según el diputado, la convocatoria se produjo apenas siete días después de que cuestionara públicamente al fiscal general por, según dijo, actuar como garante del acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para beneficiar a dirigentes procesados por los bloqueos registrados en el país.
“Yo cuestioné duramente al fiscal general porque estaba actuando como garante, a pedido de la COB de Mario Argollo, de un acuerdo para obtener impunidad de quienes causaron este desastre humanitario y económico con más de 53 días de bloqueos”, señaló.
En ese contexto, aseguró que la notificación constituye una represalia directa por esas declaraciones.
“Esto es claramente un acto de represalia, de intimidación y de amedrentamiento”, manifestó.
Alarcón también afirmó que el Ministerio Público mantiene prácticas heredadas de anteriores administraciones vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS) y recordó que Mariaca fue designado fiscal departamental de Santa Cruz durante la gestión de Juan Lanchipa.
“El Ministerio Público sigue siendo masista. Roger Mariaca fue designado por Lanchipa y llegó a fiscal general con los votos de evistas, arcistas y androniquistas”, sostuvo.
Asimismo, denunció que la directora de Transparencia de la Fiscalía General, designada por Mariaca, fue quien presentó la denuncia penal que originó el proceso, aunque —según dijo— se mantiene en reserva la identidad de los particulares presuntamente involucrados.
El legislador aseguró que no teme una eventual imputación, pues afirmó contar con una trayectoria profesional y política sin observaciones.
“No me preocupa en absoluto. He tenido 22 años de ejercicio profesional y seis años como diputado sin que ningún fiscal o juez pueda decir que intenté manipular la justicia”, afirmó.
Durante la entrevista, Alarcón también vinculó la citación con el impulso de su proyecto de ley antibloqueos, iniciativa que, según indicó, ha generado rechazo tanto en la COB como en otros sectores.
“La COB me declaró persona no grata porque sigo promoviendo la ley antibloqueos. Quieren intimidarme, pero voy a ejercer con más fuerza mi función de fiscalización y legislación”, sostuvo.
Añadió que existen intereses políticos y económicos para impedir la aprobación de esa norma, al señalar que durante los bloqueos también se favorecieron actividades vinculadas al narcotráfico.
“Cuanto más expuesta está la sociedad boliviana a los bloqueos y a la impunidad, mejor para los narcotraficantes. Por eso hay muchos intereses cruzados para que no exista una ley antibloqueos”, afirmó.
Finalmente, pidió que su proyecto deje de permanecer estancado en comisión y sea debatido en el pleno de la Cámara de Diputados, argumentando que una legislación de ese tipo también fortalecería la imagen del país ante proyectos de integración regional.
“No basta con decir ‘no más bloqueos’. La garantía para que esa consigna sea creíble es aprobar una ley antibloqueos”, concluyó.