El abogado Eduardo León advirtió que el narcotráfico y el crimen organizado habrían alcanzado distintos niveles del Estado boliviano, incluyendo el Órgano Ejecutivo, Judicial y Legislativo, en el marco de un análisis sobre la situación de seguridad, justicia y sicariato en el país.
León sostuvo que el escenario actual responde a un sistema institucional debilitado y con presunta infiltración de redes delictivas. “Lo que hemos podido establecer es que lo que se ha construido en Bolivia es un sistema casi infranqueable, tanto en el órgano ejecutivo, judicial como también legislativo”, afirmó, señalando que el crimen organizado habría alcanzado niveles no evidenciados anteriormente.
El jurista advirtió que la población ya enfrenta hechos de alta violencia que antes solo se observaban en otros países. “Ya verlo de cerca, ver que asesinan en dos días o una semana a tres o cuatro personas por sicariato, o a una autoridad jurisdiccional, lleva a otro nivel esta discusión”, señaló, al referirse al incremento de hechos violentos vinculados a estructuras criminales.
En ese contexto, indicó que la respuesta del Estado no puede limitarse a acciones puntuales. “No podemos estar todo el tiempo alarmándonos… esto lo que hemos encontrado”, expresó, al cuestionar que las medidas adoptadas frente a hechos delictivos sean temporales o reactivas.
León afirmó además que existen señales de influencia del crimen organizado en instituciones públicas. “Hay influencia dentro de jueces, fiscales, policías y personal administrativo”, dijo, mencionando casos previamente denunciados en distintos sectores del aparato estatal.
El abogado sostuvo que el problema no se limita únicamente al narcotráfico, sino a una red más amplia de delitos. “Estamos frente a un verdadero sistema de crimen organizado que ha penetrado a todos los niveles del Estado”, afirmó, al incluir también referencias a minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas y secuestros.
En cuanto al sistema judicial, planteó una reforma profunda e incluso la eliminación del Consejo de la Magistratura. “Para nosotros el Consejo de la Magistratura debería desaparecer, porque el Tribunal Supremo de Justicia o el órgano judicial puede regularse a sí mismo”, señaló, cuestionando su rol dentro del sistema judicial.
Asimismo, criticó que las respuestas institucionales frente a la corrupción o liberación de personas vinculadas a delitos graves sean coyunturales. “Se comienza a detener a jueces, fiscales, policías… pero después todo se olvida”, afirmó, al señalar que los procesos no generan cambios estructurales.
León también cuestionó la falta de reformas profundas en la justicia. “No existe nada, no hay nada aprobado de manera estructural para poder ver que el Estado vaya a cambiar”, sostuvo, al referirse al debate legislativo sobre reformas institucionales.
Finalmente, advirtió que la ausencia de cambios estructurales podría derivar en una mayor inseguridad. “Si no se autocura las instituciones del Estado, Bolivia va a ir a una catástrofe de inseguridad jurídica”, señaló, al pedir medidas integrales que incluyan la intervención del sistema judicial, la Fiscalía y el fortalecimiento de la Policía.