El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, lamentó este miércoles el fallo judicial que ordena la paralización del tratamiento legislativo de los contratos firmados con empresas de Rusia y China para la explotación de litio en Bolivia. Calificó la decisión como un «retroceso» para el desarrollo económico del país.
Montenegro aclaró que los convenios suscritos con Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) no implicaban una cesión de recursos naturales, sino que eran contratos de prestación de servicios con inversión extranjera. “Estos contratos eran clave para la industrialización del litio y la atracción de capitales. Frenarlos representa un golpe a la estrategia de crecimiento productivo”, afirmó en conferencia de prensa.
El fallo fue emitido por un juzgado de Potosí en respuesta a una acción presentada por comunidades originarias de la provincia Nor Lípez, que exigían estudios de impacto ambiental antes de la aprobación legislativa. En este contexto, el ministro responsabilizó a la Asamblea Legislativa por no haber tratado oportunamente los contratos, lo que, a su criterio, facilitó la intervención del Órgano Judicial.
“Cuando el Legislativo no cumple su rol, se generan vacíos que son aprovechados políticamente. Esto tiene un trasfondo claro: frenar el desarrollo y obstaculizar la inversión”, advirtió Montenegro.
Asimismo, señaló que existirán responsabilidades legales y políticas para quienes —dijo— están entorpeciendo los avances en la industrialización del país.
El Gobierno de Luis Arce asegura que Bolivia posee unas 23 millones de toneladas de litio, siendo una de las mayores reservas del mundo. Las empresas involucradas en los contratos detenidos estaban llamadas a construir plantas de producción de carbonato de litio mediante la tecnología de extracción directa (EDL).