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Trafigura niega responsabilidad en el caso de la “gasolina basura” y afirma que no vendió ese combustible a YPFB desde 2022

La empresa aseguró que no suministró gasolina a Bolivia en los últimos cuatro años y sostuvo que sus contratos vigentes con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) corresponden únicamente al diésel. Su director para Latinoamérica, Edmundo Vidal, también se refirió a los cuestionamientos por los precios de los contratos y al financiamiento que mantiene con la estatal petrolera.

“La gasolina basura no ha sido responsabilidad de nuestra empresa”, afirmaron ejecutivos de Trafigura durante un encuentro con periodistas bolivianas en Montevideo, en el que participó La Razón.

Vidal explicó que Trafigura no tiene contratos de venta de gasolina con YPFB desde 2022. Según indicó, desde entonces la compañía participó en entre ocho y diez licitaciones para proveer ese combustible, pero no se adjudicó ninguna. Por ello, rechazó las acusaciones que vinculan a la firma con la gasolina de mala calidad distribuida en Bolivia a inicios de este año.

El pronunciamiento se produce después de que, a finales de marzo, el entonces ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunciara la suspensión de contratos y la recepción de gasolina de las empresas Vitol y Trafigura, mientras se investigaba el combustible contaminado que presuntamente habría ingresado desde Chile.

En respuesta, Trafigura sostuvo que sus contratos con YPFB no contemplaban el suministro de gasolina y aseguró que no había recibido reclamos de la estatal por la calidad del producto ni por incumplimientos contractuales.

La empresa informó que actualmente cubre cerca del 80% del diésel distribuido en Bolivia, con envíos mensuales de entre 25 y 30 millones de litros.

Durante el encuentro, Vidal también respondió a los cuestionamientos sobre los supuestos sobreprecios en contratos de Trafigura y Bo Trading correspondientes a 2023 y 2025. El ejecutivo consideró que ambas operaciones no pueden compararse sin tomar en cuenta las diferencias en los precios internacionales, las condiciones del mercado y los costos de transporte.

“No se pueden comparar contratos de diferentes años sin considerar las condiciones en las que fueron negociados”, sostuvo.

Asimismo, señaló que Trafigura mantiene abierta una línea de crédito de 500 millones de dólares con YPFB. Explicó que este financiamiento permite afrontar posibles demoras en los pagos sin interrumpir el suministro de combustible. “Nuestro objetivo es encontrar soluciones, no interrumpir el servicio”, afirmó.

En junio, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó que Vitol y Trafigura entregaban combustibles a crédito a Bolivia y que la deuda superaba entonces los 500 millones de dólares, con pagos establecidos cada 120 días, de acuerdo con el esquema de cada compañía.

La crisis por la gasolina contaminada generó consecuencias políticas y judiciales. En marzo, el Gobierno informó que alrededor de 5.000 cisternas con combustible adulterado habrían ingresado desde Chile, mediante una presunta red de contrabando que habría movilizado unos 150 millones de dólares entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

El caso alcanzó a exautoridades y funcionarios de YPFB. El exministro Mauricio Medinaceli fue enviado a detención domiciliaria a fines de julio, mientras que otros exfuncionarios de la estatal petrolera también fueron investigados.

En mayo, Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Rodrigo Paz, atribuyó en una entrevista con un medio argentino la crisis a combustible de mala calidad enviado por Vitol y afirmó que este habría dañado cerca de 60.000 motores.

Vidal manifestó que Trafigura tiene interés en ampliar sus operaciones en el país mediante el financiamiento de proyectos para incrementar la capacidad de producción de plantas y operaciones mineras. También mencionó la posibilidad de invertir en transporte y abastecimiento.

Sin embargo, advirtió que Bolivia necesita generar mayor confianza y seguridad jurídica para atraer capitales. El ejecutivo aseguró que la compañía mantiene una visión de largo plazo en el país y atribuyó las dificultades contractuales actuales principalmente a problemas de información.

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