Vladimir Ameller sostuvo que el acuerdo entre el Gobierno y los gobernadores no significa que todas las regiones recibirán los mismos recursos, sino que se deberán considerar sus distintas capacidades, competencias y necesidades. Además, advirtió que existen plazos cortos para concretar las primeras modificaciones.
El acuerdo 50/50 entre el Gobierno y los gobernadores abre la posibilidad de revisar el modelo de descentralización vigente en Bolivia, pero su aplicación no debería traducirse en una distribución uniforme de recursos para todas las regiones, afirmó el economista y especialista en descentralización, política y gestión pública Vladimir Ameller.
En entrevista con el programa “De Primera Mano”, Ameller calificó el acuerdo alcanzado el pasado 5 de agosto como un compromiso de peso y sin precedentes, debido a que contempla 13 líneas temáticas y cerca de medio centenar de compromisos relacionados con la situación de las gobernaciones y el modelo autonómico del país.
El especialista destacó que entre los primeros compromisos está una modificación a la Ley de Clasificación de Ingresos, que debería concretarse en un plazo de 90 días, además del trabajo de una ley especial para establecer cambios en la coparticipación tributaria hasta finales de año.
Sin embargo, consideró que el principal desafío será establecer una metodología que permita determinar qué cambios deben ejecutarse primero.
“Se requiere método, se requiere diagnóstico, se requiere principios antes que porcentajes y cifras”, afirmó.
En ese sentido, planteó una “secuencialidad inteligente” para definir qué temas deben ser atendidos de manera inmediata y cuáles necesitan estudios técnicos y acuerdos políticos antes de avanzar hacia reformas más profundas.
Uno de los principales planteamientos de Ameller es que el 50/50 no puede aplicarse de manera idéntica a todas las regiones, debido a que existen diferencias en las competencias, capacidades institucionales, fuentes de ingresos y necesidades de cada departamento y municipio.
“Se acabó la talla única”, sostuvo.
Explicó que no todas las regiones tienen las mismas capacidades ni enfrentan los mismos problemas. Por ello, consideró que el nuevo modelo debe permitir tratamientos diferenciados y, en algunos casos, mecanismos voluntarios para que determinadas regiones puedan acceder a alternativas de financiamiento de acuerdo con sus propias características.
Como ejemplo, mencionó la posibilidad de analizar mecanismos tributarios diferenciados, como sobretasas o sobreimpuestos, siempre que sean definidos bajo reglas claras y respondan a las necesidades de cada territorio.
Ameller también aclaró que el acuerdo no debería entenderse únicamente como una transferencia de mayores recursos hacia gobernaciones y municipios.
A su criterio, más recursos deben estar acompañados por responsabilidades y competencias claramente definidas, para evitar que se repitan errores de anteriores procesos de descentralización.
Recordó que tras la aprobación de la Ley del IDH en 2005 se incrementaron los recursos destinados a diferentes entidades, pero durante varios meses no estuvieron completamente definidas las responsabilidades que debían acompañar ese incremento.
Por ello, sostuvo que ahora se debe establecer con claridad qué competencias asumirán los gobiernos subnacionales y qué recursos estarán vinculados a ellas.
El especialista planteó además tres medidas de corto plazo para aliviar la situación de gobernaciones y municipios.
La primera es otorgarles mayor flexibilidad para modificar y adecuar sus presupuestos a la actual situación económica.
La segunda consiste en buscar mecanismos para aliviar la carga de deuda de las gobernaciones, mediante reprogramaciones o ampliación de los plazos de pago.
Y la tercera es revisar las normas que actualmente generan restricciones o condicionalidades sobre los presupuestos subnacionales, algunas de las cuales, según explicó, podrían ser modificadas mediante decretos supremos o resoluciones ministeriales, mientras que otras requerirían pasar por la Asamblea Legislativa.
Ameller señaló que las mesas técnicas serán fundamentales porque las nueve gobernaciones no parten de una misma realidad.
Puso como ejemplo a Pando y Santa Cruz, que enfrentan necesidades diferentes, y explicó que mientras algunas regiones fueron fuertemente afectadas por la caída de los ingresos provenientes de la renta gasífera, otras cuentan con actividades como la minería que permiten compensar parcialmente ese impacto.
Por ello, planteó que el Gobierno central y las gobernaciones conformen equipos técnicos con capacidad de decisión y dedicación exclusiva para trabajar durante el corto periodo establecido.
“Hay que construir una articulación”, afirmó.
Respecto a Santa Cruz, consideró que la magnitud de su economía y de sus responsabilidades hace necesario analizar un tratamiento diferenciado, sin que esto implique discriminar a otras regiones.
Pero fue más allá y planteó que las ciudades también deberían ser categorizadas o jerarquizadas dentro del modelo autonómico.
Explicó que no es comparable la realidad de un municipio pequeño con la de ciudades como Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Cochabamba o El Alto, debido a las diferencias en población, presupuesto, servicios y responsabilidades.
“Estamos queriendo que las mismas normas, las mismas competencias, las mismas fuentes de financiamiento, alimenten a una realidad que está totalmente compleja, difícil, con otras que son más pequeñas”, señaló.
A su criterio, las ciudades necesitan un tratamiento distinto porque tienen capacidades diferentes para asumir nuevas responsabilidades.
Ameller advirtió que uno de los principales problemas del acuerdo 50/50 son los plazos.
Recordó que inicialmente se establecieron 90 días para una primera modificación normativa, pero actualmente quedarían 84 días para cumplir ese compromiso.
A esto se suma que los gobernadores necesitan atender sus obligaciones de corto plazo, mientras que los municipios, las autonomías indígenas y la autonomía regional de Tarija también deberán incorporarse al proceso.
“Es un proceso que va a requerir trabajar en distintos ámbitos y de manera muy organizada”, afirmó.
Finalmente, Ameller señaló que el acuerdo 50/50 tiene un riesgo importante: que sea utilizado como una plataforma política y termine desplazando el debate técnico.
“El lado negativo del 50/50 es que es altamente contaminado por la política”, afirmó.
Consideró que el proceso debe mantenerse sobre una base técnica y con una planificación clara para evitar que los intereses políticos frenen la revisión del modelo autonómico.
El objetivo, sostuvo, debería ser avanzar hacia un Estado más descentralizado, pero tomando en cuenta las diferencias entre regiones y estableciendo una ruta que permita pasar de los acuerdos políticos a resultados concretos.